Ronald Balza advirtió que sin presupuesto público y cifras sobre empleo y pensiones no hay base para medir si el Gobierno puede sostener un ajuste.
La discusión sobre un posible aumento salarial depende de que el Gobierno publique el presupuesto nacional y las cifras sobre empleo, obligaciones laborales y pensiones, planteó Ronald Balza Guanipa, economista, docente e investigador y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello.
El especialista señaló que, mientras los gremios piden calcular los aguinaldos con base en el ingreso mínimo integral, ubicado en 240 dólares, no es posible saber si el Ejecutivo tiene recursos para cubrir esos pagos sin conocer los fondos disponibles.
En una entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, recordó que el presupuesto debió presentarse el 15 de octubre. “Sin esa información es muy poco lo que podemos decir sobre la viabilidad que tiene el gobierno para hacer pago”, afirmó.
Gasto público, pensiones y empleo
Balza también pidió publicar el PDMA, referido a la evaluación posterior a los terremotos, para conocer las prioridades de gasto del Gobierno frente a los daños causados por esos eventos y en un contexto de endeudamiento externo pendiente de revisión.
A eso sumó las obligaciones del Estado con el sistema de pensiones y la seguridad social. Dijo que el pensionado está en “unas condiciones de indefensión grandísimas” y que esos compromisos deben entrar en la discusión sobre remuneraciones, junto con los mecanismos de protección frente al desempleo.
Sostuvo además que la negociación salarial no puede limitarse al monto que recibe el trabajador, porque también debe considerar las condiciones del empleo, el desempleo y las dificultades de las empresas.
El decano de Faces atribuyó parte de los problemas actuales a la definición establecida en la Ley del Trabajo. Aseguró que desde 2022 el Gobierno incumple esa norma al no reconocer beneficios vinculados al salario, como prestaciones sociales, vacaciones, utilidades y horas extras.
En ese sentido, propuso “revertir la bonificación del salario” para que los bonos representen una porción menor del ingreso y puedan cumplirse las disposiciones legales. “Es indispensable. Primero, lograr el control de la inflación”, dijo.
También consideró necesario generar condiciones para que las empresas puedan contratar personal y para que los trabajadores puedan formarse ante los cambios tecnológicos. Añadió que los servicios públicos, la inteligencia artificial y las transformaciones del empleo deben entrar en la mesa de discusión, junto con una revisión de la Ley del Trabajo, la Ley del Seguro Social y los sistemas públicos de salud y seguridad.
Balza valoró como una buena iniciativa las reuniones tripartitas que discuten un posible aumento salarial en cuatro fases, aunque insistió en que la negociación debe incluir otros mecanismos de protección para los trabajadores.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
