El Banco de Rusia ha confirmado que, a partir del 1 de julio de 2027, los ciudadanos rusos que no actúen como intermediarios financieros no podrán realizar transacciones de criptomonedas de forma directa entre pares. Esta medida, detallada en las actualizaciones regulatorias del 12 de octubre de 2026, marca un cambio estructural en el mercado digital del país, obligando a los usuarios a canalizar sus operaciones exclusivamente a través de participantes autorizados por el regulador.

El nuevo marco de intermediación obligatoria

La normativa, que se apoya en una ley vigente desde septiembre de 2026, establece un período de transición que culminará a mediados de 2027. El regulador ha distinguido claramente entre corredores con licencia y organizaciones de cambio inscritas en su registro oficial. Según la información disponible, el estatus registral de estas entidades determinará sus capacidades operativas, aunque la entidad central ha subrayado que esta designación no constituye una garantía sobre la disponibilidad o seguridad de los productos ofrecidos al público.

El marco regulatorio también abarca a las monedas estables extranjeras, las cuales serán tratadas bajo las mismas condiciones que otros instrumentos digitales. No obstante, el banco central aclaró que esta clasificación técnica no implica una recomendación de inversión ni un aval sobre la rentabilidad de dichos activos.

Límites de inversión y controles antilavado

La directiva 7441-U, emitida el 11 de septiembre de 2026, introduce un tope anual de 300.000 rublos para las compras de activos digitales realizadas por residentes no calificados a través de corredores. Esta restricción se aplica específicamente a las adquisiciones efectuadas mediante estas plataformas y no debe interpretarse como un límite universal para toda transacción de activos digitales.

En paralelo, el regulador ha iniciado una consulta pública para endurecer las normativas contra el lavado de dinero y la financiación de actividades extremistas. La propuesta exige que los depósitos digitales y las casas de cambio implementen procedimientos estrictos para verificar la información de las partes involucradas. De aprobarse, las entidades dispondrán de un plazo de tres meses para adaptar sus controles internos, bajo la supervisión coordinada con organismos de inteligencia financiera.