Una jueza federal de Estados Unidos desestimó los reclamos de nueve presuntas víctimas que buscaban impugnar el decomiso de Bitcoin 127.271 incautados por el gobierno. La decisión, emitida el 25 de septiembre, rechazó dos solicitudes presentadas a tiempo y otras siete fuera de plazo.
El fallo: falta de pruebas sobre el vínculo con las billeteras
La orden judicial se centró en la acción de decomiso civil iniciada el 14 de octubre de 2025, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos alegó que los activos estaban vinculados a fraude y lavado de dinero asociados al Prince Holding Group, un conglomerado camboyano, y a su presidente, Chen Zhi.
Para impugnar el decomiso, los reclamantes debían demostrar un interés legal en los Bitcoin específicos bajo custodia. La jueza Kovner determinó que los nueve no cumplieron con este requisito, ya que no presentaron pruebas plausibles de que sus fondos estuvieran conectados con las billeteras incautadas. Según la decisión, las pérdidas alegadas solo los convertirían en acreedores quirografarios, sin derecho sobre los activos.
La devolución a víctimas sigue en juego
Aunque los reclamos fueron rechazados, la jueza dejó abierta la posibilidad de que las presuntas víctimas busquen compensación a través del programa de devolución a víctimas (victim remission). Este mecanismo, regulado por el 28 CFR 9.8, permite solicitar al Departamento de Justicia una parte de los bienes decomisados sin necesidad de demostrar propiedad sobre ellos.
Sin embargo, el proceso tiene requisitos estrictos: los solicitantes deben acreditar una pérdida financiera directa vinculada al delito, no haber participado en él y no contar con otros activos para recuperarla. Además, la devolución está limitada al producto neto del decomiso, no al valor bruto de los Bitcoin incautados.
El fallo no resuelve el decomiso ni garantiza compensaciones, pero subraya la importancia de la trazabilidad en disputas sobre criptoactivos: no basta con probar una pérdida, sino también el nexo con los activos incautados.
