Dos líderes indígenas del resguardo de Carrizal, en el oriente del Guainía, pasaron ocho meses pidiendo datos sobre un proyecto de créditos de carbono que opera en su territorio, hasta que un juez ordenó entregarlos.
Eliberto Lara Lara y Samuel Lara Bautista, indígenas puinave elegidos a mediados de diciembre de 2024 como cabildo gobernador y capitán del resguardo, reclamaron detalles sobre las ventas de créditos, el esquema financiero y la ejecución de los recursos que correspondían a la comunidad por el proyecto Awakadaa Matsiadali.
La Corporación Masbosques, responsable del proyecto, les exigió acreditar su condición de autoridades para responderles. Aunque ellos remitieron actas del Ministerio del Interior y de la alcaldía de Inírida que respaldaban su designación, la organización cuestionó esos documentos y no contestó de fondo. En octubre de 2025, los dos presentaron una acción judicial por la vulneración de sus derechos de petición, acceso a información ambiental e igualdad.
La Corte Constitucional tomó el caso
Un juez de primera instancia les dio la razón, y Masbosques solo respondió con detalle en noviembre de 2025, después del fallo. Luego impugnó la decisión, pero la segunda instancia la ratificó. Más tarde, los líderes pidieron a la Corte Constitucional que fijara reglas claras sobre el acceso a información en este tipo de iniciativas, y el alto tribunal seleccionó el expediente en abril de 2026.
