El gobierno de Abelardo De la Espriella radicó ante el Congreso colombiano un proyecto de Ley de Rescate Económico que plantea bajar el gasto público, mejorar los ingresos de la Nación y estabilizar las finanzas estatales con cambios en la administración pública, la seguridad social y el sistema tributario.

La propuesta, presentada por el Ministerio de Hacienda en un mensaje oficial del 29 de octubre de 2026, incluye facultades extraordinarias por seis meses para que el presidente suprima, fusione o escinda ministerios y departamentos administrativos, cambie la estructura de entidades públicas y reasigne funciones entre organismos con el fin de eliminar duplicidades.

Recortes y reorganización del Estado

El articulado también autoriza modificar plantas de personal, suprimir empleos y vacantes, y centralizar servicios administrativos compartidos. Esos cambios, según el texto, deberán sustentarse en criterios de eficiencia y sostenibilidad fiscal, además de respetar los derechos laborales previstos en la ley.

En materia de austeridad, la iniciativa fija que en 2027 los costos de contratación de personal para servicios profesionales y de apoyo a la gestión deberán bajar 50% frente al año anterior. Además, limita el crecimiento de los gastos de bienes y servicios entre 2027 y 2030 al aumento anual del índice de precios al consumidor del año previo.

El proyecto agrega restricciones para viajes, viáticos, arrendamientos, compra de vehículos, telefonía, papelería y publicidad oficial, y plantea que en 2028 los gastos de las entidades públicas decrezcan 20% nominalmente, sin contar a la Fuerza Pública. Para 2029 y 2030, esos gastos no podrían subir más de 0,5 puntos porcentuales por encima de la inflación promedio proyectada en el Presupuesto General de la Nación.

También prevé un programa para movilizar y vender activos estatales. Las entidades deberán identificar bienes muebles e inmuebles, participaciones accionarias y otros activos que puedan pasar a la Central de Inversiones S.A. para su administración y comercialización. Los recursos netos irían al Presupuesto General y, durante las primeras cuatro vigencias fiscales, al menos 50% se usaría para pagar deuda.

En la seguridad social, el texto modifica aportes parafiscales y cotizaciones de salud. Desde 2027, sociedades y personas jurídicas que cumplan las condiciones fijadas quedarían exoneradas de aportes al Sena y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como de las cotizaciones al régimen contributivo de salud. Para trabajadores dependientes, la cotización a salud subiría de 4% para quienes ganen hasta un salario mínimo a 8% para ingresos entre 20 y 25 salarios mínimos.

La reforma también cambia la destinación de recursos de las cajas de compensación familiar y del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante para financiar el aseguramiento en salud. En impuestos al consumo, propone una tarifa específica de $750 por cada unidad de 750 centímetros cúbicos, o su equivalente, para licores, vinos, aperitivos y productos similares, más un componente ad valorem de 35%, con actualización anual por IPC más cuatro puntos porcentuales.

El proyecto igualmente modifica el tratamiento de cigarrillos, tabaco elaborado, derivados y dispositivos electrónicos con nicotina, incluidos los vapeadores. El recaudo adicional por el alza al consumo de bebidas alcohólicas se destinaría al financiamiento del aseguramiento en salud. La iniciativa ahora debe completar su trámite en el Congreso antes de convertirse en ley.