A tres meses del doble terremoto que sacudió la región central del país, 26 familias de la parroquia El Junquito continúan habitando en campamentos provisionales instalados en el kilómetro 23 de la zona. Las estructuras de tubos de hierro y lonas plásticas se han convertido en el hogar permanente para 102 personas, entre ellas 44 niños y adolescentes, quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema ante la falta de respuestas oficiales.
Claves
- —26 familias permanecen en carpas provisionales en el kilómetro 23 de El Junquito.
- —Un litigio legal de 14 años sobre el antiguo Gran Hotel frena la inclusión de los afectados en los censos de vivienda.
- —La escasez de agua potable y el uso de un tanque sin mantenimiento generan problemas de salud en la comunidad.
Crisis sanitaria por falta de agua potable
Para abastecerse de agua para beber y cocinar, los habitantes del campamento deben reunir dinero colectivamente con el fin de adquirir botellones de agua potable. Sin embargo, las tareas de aseo personal y el lavado de utensilios dependen exclusivamente de un tanque comunal que almacena líquido sin filtrar.
Los residentes denuncian que el depósito lleva meses sin recibir mantenimiento ni labores de limpieza, lo que ha provocado episodios de comezón y alergias cutáneas tanto en adultos como en menores de edad. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el hacinamiento en albergues y la escasez de agua potable representan los mayores riesgos sanitarios para los sobrevivientes, elevando la probabilidad de infecciones respiratorias y cutáneas.
Litigio legal y deterioro estructural
El grupo de afectados está conformado por 21 familias que residían en el antiguo Gran Hotel y cinco provenientes del barrio La Toma, cuyas viviendas quedaron expuestas tras el colapso de comercios cercanos. La edificación del hotel presenta daños graves, con paredes separadas de las vigas y filtraciones constantes, aunque las inspecciones técnicas han arrojado dictámenes contradictorios entre etiquetas de riesgo y autorizaciones temporales.
A esta situación se suma un litigio legal con más de 14 años de antigüedad sobre el terreno, tras una ocupación previa que no se concretó en un proyecto habitacional y cuyo propietario original ganó en tribunales. Este vacío legal mantiene a los afectados fuera de los censos oficiales de reubicación, obligándoles a subsistir en condiciones precarias mientras reclaman la atención del Estado.
