La cámara alta brasileña dio luz verde a una enmienda constitucional que endurece el combate al crimen organizado y deja fuera la reducción de la mayoridad penal.
El Senado de Brasil aprobó la noche del martes 3, en dos vueltas de votación, la Propuesta de Enmienda a la Constitución sobre seguridad pública, una reforma impulsada por el Poder Ejecutivo para reorganizar las fuerzas de seguridad y reforzar el combate al crimen organizado en el país.
En el primer turno, el texto obtuvo 73 votos a favor y ninguno en contra. En el segundo, sumó 75 apoyos y tampoco registró votos contrarios. Para avanzar, la enmienda requería al menos 49 votos favorables.
Qué cambia en la seguridad pública
La propuesta constitucionaliza el Sistema Único de Seguridad Pública y modifica el artículo 144 de la Constitución para establecer que la seguridad debe ejercerse en régimen de cooperación federativa y con actuación integrada y descentralizada entre las instituciones del área.
El texto también prevé penas más duras y regímenes de prisión más restrictivos para jefes de facciones y milicias, incluida la reclusión en unidades de seguridad máxima y límites a la progresión de penas. Además, incorpora medidas patrimoniales sobre bienes vinculados al delito, responsabilidad para personas jurídicas involucradas y protección para denunciantes y sus familiares.
Otra novedad es la posibilidad de crear policías municipales de naturaleza civil, bajo control externo del Ministerio Público, con funciones de patrullaje ostensivo y comunitario en las ciudades donde operen. La enmienda, además, amplía atribuciones de la Policía Rodoviaria Federal y aumenta la vinculación del presupuesto público para seguridad.
La mayoridad penal quedó fuera del texto
Antes de la votación, los senadores debatieron enmiendas que buscaban reducir la mayoridad penal de 18 a 16 años, e incluso a 14 en algunos casos. El relator, Rogério Carvalho, no incorporó esas propuestas en su informe y recomendó convertirlas en iniciativas separadas para que siguieran su trámite por aparte.
Por 38 votos contra 36, el pleno aprobó separar esas enmiendas del texto principal. Carvalho sostuvo que las materias debatidas eran relevantes, pero no se confundían con el objetivo central de la PEC 18/2025, enfocado en el crimen organizado y en la reorganización de la gobernanza de la seguridad pública.
Entre las propuestas desechadas figuraban una presentada por Rogério Marinho, que rebajaba la responsabilidad penal a 16 años como regla general y a 14 en delitos como los crímenes hediondos, la tortura, el tráfico de drogas, el terrorismo y la participación en organizaciones criminales. Otra, atribuida a Camilo Santana, mantenía los 18 años como regla general, pero permitía reducir la mayoridad penal a 16 en casos de crímenes hediondos.
El texto ahora pasa a la promulgación del Congreso Nacional. Lula había prometido crear un Ministerio de Seguridad Pública después de la aprobación de la enmienda.
Fondos y coordinación federal
La PEC establece que 50% de los recursos del Fondo Nacional de Seguridad Pública y del Fondo Penitenciario Nacional serán transferidos por la Unión a estados y municipios, con exclusión de los gastos de custeio e inversión de la policía penitenciaria nacional del segundo fondo.
También prevé que 10% del superávit financiero anual del Fondo Social, ligado al presal, se destine a los fondos de seguridad, y crea el Sistema de Políticas Penales, encargado del sistema carcelario brasileño. El texto autoriza, además, la actuación conjunta de Unión, estados y municipios en materias como legislación sobre seguridad pública, organización policial, guardias municipales y sistema socioeducativo.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
