En el balotaje brasileño, ambos programas chocan entre más privatizaciones y más estatais. El contraste toca servicios digitales, gasto público y el papel de Petrobras.
Brasil vota este domingo 25 en segunda vuelta entre dos programas que empujan al Estado en direcciones opuestas: uno plantea retomar privatizaciones y reducir la máquina pública; el otro defiende fortalecer las empresas estatales y ampliar el control sobre el gasto.
Dos modelos para la administración pública
El plan de Luiz Inácio Lula da Silva pone el acento en aumentar la eficiencia, mejorar la calidad del servicio y controlar el gasto público. También promete reforzar la transparencia, el seguimiento de políticas públicas y la integridad administrativa, con foco en la investigación y sanción de corruptos y corruptores.
Entre sus ejes, el documento propone universalizar los servicios públicos digitales personalizados y ampliar infraestructuras públicas digitales. En esa línea, destaca la expansión de plataformas como Gov.br, que ya reúne más de 5 mil servicios públicos federales.
El texto también defiende que las empresas estatales sigan como herramientas para el desarrollo económico, el investimento público y la soberanía nacional. Por eso rechaza la desestatización de empresas como Petrobras, Embrapa y Correios, y prioriza su reestructuración financiera, además de alianzas con el sector privado.
El programa además plantea ampliar el Repetro, régimen fiscal y aduanero especial que concede beneficios y suspensión de tributos para impulsar la cadena de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos. La propuesta de Lula también vincula a Petrobras con la transición energética y el cumplimiento del Acuerdo de París y de la contribución climática brasileña. El documento completo puede consultarse en el plan de Lula.
Recorte del Estado y nueva ola de desestatización
El programa de Flávio Bolsonaro plantea una lógica distinta. Habla de un “tesouraço”, un corte profundo en la máquina pública, y propone una reforma administrativa, límites a los gastos operativos, desregulación de normas infralegales en áreas laboral, tributaria y previsional, y una reducción del número de ministerios.
El texto dice además que retomará el Programa Nacional de Desestatización, que privatizó empresas como Eletrobras y extinguió la Ceitec. También plantea la venta de activos estatales no estratégicos para atraer inversión privada y reducir el endeudamiento público.
En materia de gestión, el plan defiende más digitalización de servicios, mecanismos de transparencia y evaluación de políticas públicas, con énfasis en programas de transferencia de renta e identificación de beneficiarios. También propone reducir cargos comisionados y gastos administrativos, y tomar la Lei de Estatais, de 2016, como referencia para designar directivos de agencias reguladoras y empresas públicas. El documento puede leerse en el plan de Flávio Bolsonaro.
El contraste con los gobiernos anteriores
Durante los cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro, unas 76 empresas públicas fueron privatizadas, entre subsidiarias y compañías de estructura única. La venta más emblemática fue la de Eletrobras, en junio de 2022, por R$ 33,7 mil millones.
En ese período también se concretaron las ventas de BR Distribuidora, Liquigás, la Companhia Docas do Espírito Santo y la Refinaria Landulpho Alves, entre otras. Para tratar ese frente, Jair Bolsonaro creó una Secretaría de Privatizaciones, mientras otras empresas quedaron en la mira sin pasar al sector privado, entre ellas Petrobras, Correios, Casa da Moeda y Conab.
Lula, por su parte, ha mantenido un discurso contrario a las privatizaciones. En diciembre de 2022, durante la transición a su tercer mandato, dijo que “va acabar as privatizações nesse país” y que algunas empresas públicas podrían demostrar su rentabilidad.
En lugar de la venta definitiva de activos, el petista ha defendido históricamente concesiones y asociaciones público-privadas, sobre todo en infraestructura, como carreteras, puertos y aeropuertos. La diferencia entre ambos proyectos vuelve a poner en el centro una disputa de fondo: hasta dónde debe llegar el Estado y qué papel deben tener sus empresas en la economía brasileña.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
