La continuidad de Luiz Inácio Lula da Silva al frente del Ejecutivo brasileño volvió a encender alertas sobre la trayectoria fiscal del país. En las últimas horas, Fitch Ratings y Moody’s se pronunciaron sobre el endeudamiento y la capacidad del Gobierno para contenerlo.

Fitch ve riesgo de más deuda y tasas altas

Fitch sostuvo que la reelección de Lula introduce incertidumbre fiscal y puede dificultar una estabilización duradera de la deuda pública frente al PBI. Su escenario base contempla una consolidación gradual, pero insuficiente para frenar el aumento del ratio de endeudamiento, salvo que una reacción adversa de los mercados obligue al Gobierno a acelerar el ajuste.

La calificadora dijo que aún no está claro si Lula se apartará de su apuesta por más gasto social financiado con mayores ingresos. Esa línea enfrenta un Congreso más independiente y orientado hacia el centro-derecha, además de un mandato con margen político más estrecho. También advirtió que las iniciativas de aumento del gasto anunciadas durante la campaña podrían chocar con el compromiso de respetar la regla fiscal vigente.

Fitch proyecta que el déficit del Gobierno general subirá a 8,6% del PIB este año, desde 8,1% en 2025, mientras la deuda avanzaría a 82,4% del PIB, frente al 78,6% del año pasado. La agencia prevé que el endeudamiento se acerque al 90% del PBI en 2028. Aunque el déficit primario federal se ubicaría en 0,4% del PIB en 2026, el aumento de programas sociales podría volver a presionarlo en 2027 si no aparecen medidas compensatorias.

Fitch también alertó sobre el costo de financiamiento. A su juicio, las dudas sobre la credibilidad fiscal podrían mantener elevados los premios de riesgo y retrasar el ciclo de recortes de tasas previsto para 2027. Más de 50% de la deuda pública brasileña está vinculada a la Selic, por lo que una baja más lenta de las tasas se trasladaría rápido al servicio de la deuda y podría empujar a un mayor pragmatismo fiscal.

Moody’s mira el Congreso y el presupuesto de 2027

Moody’s, por su parte, espera una amplia continuidad de las políticas durante el cuarto mandato de Lula y considera que la relación entre el Ejecutivo y el Congreso será decisiva para estabilizar la deuda. La agencia advirtió que un ajuste fiscal gradual puede prolongar los déficits nominales altos, los costos de financiamiento elevados y el aumento de la carga de deuda.

Según Moody’s, la deuda del Gobierno general ya ronda 83% del PBI, frente a cerca de 72% cuando Lula fue elegido en 2022. La agencia añadió que más de 90% del gasto está fijado por ley y que las enmiendas parlamentarias ya representan 24% del gasto discrecional, frente a 2% en 2015. Para estabilizar el ratio de deuda, estima que Brasil necesitaría un superávit primario de entre 2% y 3% del PIB, algo que ve imposible sin reformas.

La calificadora prevé que Lula mantenga el marco fiscal actual y busque mejorar las cuentas públicas mediante más crecimiento económico, medidas de ingresos y mayor eficiencia del gasto, aunque esa estrategia seguiría dejando déficits fiscales elevados. Con un Congreso más inclinado hacia la derecha, también ve más difícil aprobar reformas sobre gasto social y programas previsionales.

Tanto Fitch como Moody’s consideran que una mejora de la credibilidad fiscal podría aliviar la presión sobre las tasas y la deuda. Fitch advirtió que la falta de avances podría generar presión negativa sobre la calificación, mientras Moody’s seguirá de cerca la conformación del equipo económico y, en particular, si el presupuesto de 2027 dibuja un camino creíble hacia una consolidación fiscal de mediano plazo. video difundido en X