La estancia Alquinta, al suroeste de Río Gallegos, volvió al centro de una causa judicial en Argentina. El fiscal federal de Santa Cruz, Julio Zárate, la recorrió este domingo como parte de una investigación que, según la acusación, la ubica como un búnker usado por una organización dedicada a la comercialización de droga.
Un campo de 51.000 hectáreas bajo revisión
Alquinta integra el conjunto de propiedades atribuidas a Lázaro Báez en Santa Cruz. Según el texto judicial citado, el campo tiene 51.000 hectáreas, está a 85 kilómetros de Río Gallegos, fue adquirido en 2008 y quedó escriturado a nombre de Austral Construcciones.
La propiedad cuenta con siete tranqueras, un camino de ripio y un casco levantado sobre una colina, con tres plantas y cinco habitaciones. En el recorrido fiscal, los agentes encontraron muebles —en su mayoría de cedro— y una casa con cocheras para unos cuatro vehículos, comedor, cocina, living con chimenea de piedra y habitaciones con baño en suite.
La investigación también puso el foco en el estado de uso del lugar. Una fuente judicial citada en el expediente afirmó que la opulencia de la estancia mostraba que estaba en pleno uso pese a las órdenes judiciales.
La hipótesis fiscal sobre la pista narco
La revisión de Alquinta se produjo en una nueva causa por lavado de dinero. De acuerdo con la acusación, Báez siguió dando órdenes desde la cárcel de Ezeiza sobre un patrimonio cautelado por la Justicia, además de designar administradores, contadores, acordar contratos de locación, cobrar alquileres y negociar ventas de inmuebles judicializados.
El expediente sostiene que el circuito de lavado se organizaba en tres etapas: primero, con personas de confianza que manejaban de hecho campos y edificios para recaudar dinero en efectivo y transferencias; luego, con maniobras para borrar rastros mediante transferencias rápidas y envíos masivos entre cuentas; y finalmente, con la vuelta del dinero ya blanqueado al entorno íntimo de Báez o su justificación como actividad agropecuaria formal.
En esa línea, el fiscal viajó a la estancia para determinar la cantidad de ovejas alojadas allí y avanzar sobre la hipótesis de que Báez puso inmuebles a disposición de personas de su confianza, entre ellas Cristian Ibañez, señalado en la causa como parte de una organización narcotraficante en la Patagonia.
El legajo también menciona escuchas telefónicas, el uso de vehículos vinculados al empresario y el secuestro de un camión Scania el 24 de septiembre, en el puesto de control de Güer Aike, con documentación apócrifa. Además, la fiscalía describe a Ibañez como un operador de hecho del entorno de Báez y lo vincula con Agustín Agüero como nexo con otros expedientes por narcotráfico.
El patrimonio bajo embargo
Más de 600.000 hectáreas distribuidas en Santa Cruz integran el patrimonio inmobiliario que la Justicia atribuye a Báez. El texto señala que posee 60 estancias dentro de un universo de 1.412 propiedades adquiridas durante la era kirchnerista.
Todas esas propiedades están embargadas, igual que las empresas que manejaban los campos, y parte de ese conjunto también integra el decomiso ordenado en el caso Vialidad, donde los condenados deben restituir al Estado 685.000 millones de pesos de manera solidaria.
Hace diez años, el Tribunal de Tasaciones le asignó valor a once campos de Báez por un total de 466.638.000 pesos. Entre ellos figuraban Cruz Aike, La Julia, Río Bote, El Campamento, La Santafesina, Ana, El Rincón, La Porteña y Alquinta, esta última con una tasación de 101.115.000 pesos.




