La discusión por una nueva ley de salud mental en el Senado argentino quedó habilitada para llegar al recinto después de que tres senadores del justicialismo díscolo firmaran un dictamen de minoría y destrabaran el trámite en comisión.

La movida ocurrió tras semanas de negociaciones entre Nación y provincias en el Consejo Federal de Salud. El jueves anterior, la falta de un par de firmas en las comisiones de Salud y de Legislación General había frenado el avance del proyecto.

El dictamen que habilitó el avance

Las firmas que terminaron de ordenar el despacho llegaron de Guillermo Andrada, de Catamarca; Sandra Mendoza, de Tucumán; y Carolina Moisés, de Jujuy. Con ese apoyo, el oficialismo de La Libertad Avanza conservó la mayoría de voluntades y quedó abierta la posibilidad de llevar el debate a una sesión la próxima semana.

Según el texto difundido, el proyecto establece prioridad para médicos, en especial psiquiatras, por encima de psicólogos al momento de decidir en los casos más delicados, aunque ambos integrarán equipos interdisciplinarios. También dispone que las internaciones involuntarias sean notificadas a un juez, sin que este intervenga en la decisión.

El dictamen además sostiene la cooperación entre Nación y provincias en el financiamiento, uno de los puntos que generó mayores reparos entre algunos aliados. Andrada había advertido sobre el impacto de recursos que implicaría una nueva ley.

Los cambios que incorpora la reforma

El texto amplía el concepto de adicciones e incluye la ludopatía. También delimita quiénes pueden actuar en representación de pacientes, diferencia el abordaje entre adultos e infantojuveniles y prohíbe la práctica de manicomios.

Entre otros puntos, prevé un plan de egreso con objetivos y seguimiento, directivas anticipadas en salud mental, capacitación permanente para los trabajadores involucrados y la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional con las jurisdicciones.

En materia de familia y apoyos, limita la intervención a padres o hijos, aunque mantiene a representantes legales, cónyuges y convivientes. Si no aparecen responsables, el Estado deberá garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para los equipos infantojuveniles, el proyecto incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. Si se dispone una internación en unidades de adultos, solo podrá hacerse ante una imposibilidad acreditada y por el tiempo mínimo indispensable.

El texto también restituye dispositivos de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. Además, habilita el derecho a consentir o rechazar tratamientos de forma anticipada y a designar personas que expresen ese consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo, salvo riesgo grave para la vida.