Las sanciones alcanzan a personal de educación y de cuatro ministerios. La provincia también evalúa si hubo salarios cobrados sin trabajar y si debe reclamar su devolución.
El Gobierno de Neuquén dispuso la cesantía de cinco trabajadores estatales por ausencias injustificadas en distintas áreas de la administración provincial y ordenó revisar si cobraron haberes durante los períodos en los que no prestaron servicio.
Las sanciones alcanzan al sistema educativo y a cuatro ministerios
Los expedientes administrativos atribuyen a los exagentes abandono de cargo, con faltas continuas que, en los casos revisados, se extendieron por varias semanas y hasta por más de un año.
Según informó LM Neuquén, las resoluciones forman parte de los controles que aplica la gestión de Rolando Figueroa sobre el personal estatal desde diciembre de 2023. Cada caso pasará por una revisión patrimonial para determinar si existieron pagos indebidos.
Una auxiliar de Junín de los Andes acumuló más de catorce meses de inasistencias
Una de las cesantías surgió de una actuación del Consejo Provincial de Educación. La sanción recayó sobre Cecilia Lourdes V., auxiliar de servicios del Colegio Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes.
Su expediente fue el de mayor extensión entre las cinco cesantías. Las inasistencias se prolongaron durante más de catorce meses, desde marzo de 2023 hasta mayo de 2024. Los organismos que intervinieron en el sumario consideraron acreditado el abandono de cargo y avalaron su separación de la planta estatal.
En el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos fue separada de su cargo Johana Elisabet Z., integrante de la planta permanente. La documentación oficial señala que no se presentó a trabajar entre el 16 de febrero y el 30 de septiembre de 2024.
Ese expediente también indica que la trabajadora no compareció a ejercer su derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo. La medida se apoyó en la acumulación de ausencias sin respaldo documental.
Otra cesantía involucró a Elisa Marina V., de la planta permanente de la Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. En ese caso, el período de inasistencias injustificadas se ubicó entre el 15 de abril y el 31 de mayo de 2024.
Las actuaciones señalaron que incurrió en abandono de cargo por no concurrir a su lugar de trabajo durante ese lapso. Como en los demás casos, la investigación incluye la revisión de los haberes que pudieron haber sido abonados mientras se extendieron las faltas.
El Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura concentró dos de las cinco sanciones. La primera alcanzó a Carlos Ignacio S., trabajador de planta permanente en la Subsecretaría de Juventudes. Las ausencias cuestionadas se produjeron del 1 al 22 de julio de 2024.
El hombre se presentó ante la Dirección Superior de Sumarios acompañado por un abogado, impugnó la sanción y formuló un descargo. Sin embargo, los auditores entendieron que la presentación no aportó elementos de prueba que permitieran justificar las faltas continuas.
La última cesantía correspondió a Karina Graciela G., quien cumplía funciones en la Subsecretaría de Deportes. El expediente ubicó sus inasistencias entre el 11 de julio y el 30 de septiembre de 2024.
Según las actuaciones, el análisis de la prueba permitió establecer que no acreditó razones que justificaran sus ausencias. El procedimiento administrativo concluyó que no hubo una demostración de interés para presentar la documentación requerida ante las reiteradas faltas.
La provincia también buscará recuperar dinero si hubo pagos indebidos
En los cinco casos, el Ejecutivo provincial dispuso una revisión de las liquidaciones salariales efectuadas durante los períodos de ausencia. La investigación determinará si hubo haberes percibidos sin prestación de tareas y el monto que, eventualmente, debería ser devuelto.
Si se comprueba la existencia de pagos indebidos, los exagentes serán intimados a restituir los recursos. La provincia prevé recurrir a la Fiscalía de Estado en caso de que no cumplan con esa obligación, para que defina las acciones judiciales que pudieran corresponder.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
