La propuesta incorpora controles legislativos y redefine atribuciones, mientras siguen pendientes aspectos sobre infraestructura crítica y el alcance de algunas penas.
El Gobierno de Javier Milei aceptaría cambios al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, para reunir apoyos y llevarlo al Congreso argentino. La redacción final se discutiría el martes, durante un plenario de comisiones.
El proyecto sumaría controles del Congreso
La posibilidad de incorporar las modificaciones se desprende de una reunión celebrada el viernes entre Santiago Caputo, María Ibarzabal, Silvina Giudici y Adrián Pagán, según la información difundida sobre las negociaciones. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo el sábado que recibieron aportes de diputados del PRO, del MID y del peronismo. También hubo sugerencias de la UCR y de legisladores provinciales, de acuerdo con fuentes citadas en la información original.
Ravier expresó que esperan obtener un dictamen favorable la semana siguiente para llevar el texto al recinto. La iniciativa se trataría en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, con la intención oficialista de conseguir un dictamen de mayoría.
Entre los cambios que el Gobierno estaría dispuesto a aceptar figura incorporar al Ministerio de Seguridad como miembro permanente del Consejo de Seguridad propuesto. El texto inicial contemplaba al presidente, al canciller, a los ministros de Defensa y Economía, al titular de la SIDE y al secretario Legal y Técnico.
También se planteó crear una comisión bicameral para hacer seguimiento y control del Consejo. Además, el diputado Eduardo Falcone propuso que acciones militares drásticas, como derribar aviones o hundir buques hostiles, requieran autorización del Congreso. La información señala que el Gobierno haría lugar a esa sugerencia.
Siguen pendientes la infraestructura crítica y las penas
El alcance de las llamadas infraestructuras críticas continúa en discusión. El proyecto las define como instalaciones, redes, sistemas, servicios y activos públicos o privados cuya interrupción o destrucción pueda afectar de forma significativa la seguridad, la defensa, la salud, la economía, los servicios esenciales o el funcionamiento del Estado. La propuesta también asigna responsabilidades de protección a sus propietarios y operadores, sujetas al aval del Consejo. El Gobierno analiza ajustar esa definición y precisar las responsabilidades provinciales.
Otro punto en revisión es el artículo 111, que prevé penas de cinco a 15 años de prisión para quienes actúen por cuenta, orden o financiamiento de un Estado o agente extranjero con el propósito de alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
Según lo reportado, el Gobierno aceptaría reformular esa figura penal y excluir expresamente la actividad periodística, académica y el debate público. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas había cuestionado la amplitud y ambigüedad de términos como «desinformación» y «manipular la opinión pública».
La iniciativa también había generado tensiones dentro del Gobierno tras reportes sobre presiones de Estados Unidos para que la norma no afecte a empresas de ese país. Las penalidades previstas alcanzarían a compañías que operen en Malvinas y, además, a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores vinculados.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
