La discusión por los nuevos cuadros eléctricos en la provincia derivó en un choque judicial y político. La pulseada cruzó al gobernador bonaerense con el sector de Máximo Kirchner.
La política tarifaria de la provincia de Buenos Aires volvió a abrir una grieta entre Axel Kicillof y el kirchnerismo duro. La decisión de avanzar con aumentos en la electricidad tensó el vínculo con La Cámpora, que respaldó el planteo del defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, en la Justicia.
El conflicto gira en torno de la resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que aprobó nuevos cuadros tarifarios según la categoría de consumo y la distribuidora. La actualización se tradujo en aumentos del 1,5% al 3,5% en las facturas finales.
La medida incorporó una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución, el componente de la tarifa que remunera costos operativos, mantenimiento, salarios e inversiones. El recálculo técnico aplicado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires también contempló cambios en otros ítems, como el sobrecosto por generación local, el agregado tarifario y el cargo de transición tarifaria.
El fallo que frenó los aumentos
La cautelar presentada por Lorenzino sostuvo que los retoques tarifarios se hicieron sin convocar audiencias públicas. Según su equipo, desde 2021 se aplican incrementos sin participación adecuada de los usuarios, una objeción que excede a la actual gestión bonaerense.
También cuestionó la eficacia de la Tarifa Social Provincial, al considerar que las bonificaciones para los sectores vulnerables perdieron capacidad real de cobertura. Esos planteos fueron admitidos en septiembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Cóppola. La resolución suspendió las actualizaciones y ordenó a las empresas devolver lo cobrado por los aumentos.
El gobierno bonaerense apeló el fallo a fines de octubre junto con las distribuidoras. Sostuvo que en el procedimiento técnico de base ya se había cumplido con la instancia de participación ciudadana requerida y advirtió que la suspensión podía comprometer la sostenibilidad financiera del servicio.
Luego, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, integrada por Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucin, dio lugar a la apelación provincial. En la Defensoría del Pueblo bonaerense indicaron que la cautelar no fue revocada, pero que no se está ejecutando mientras el tribunal analiza los recursos.
La disputa política se metió en la Legislatura
La discusión judicial tuvo una derivación inmediata en la interna oficialista. Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses de UxP y dirigente cercano a Máximo Kirchner, respaldó el reclamo de la Defensoría del Pueblo y rechazó la disposición provincial.
En paralelo, Tignanelli venía de articular con Lorenzino un proyecto sobre endeudamiento familiar. En ese texto se cita un relevamiento impulsado por el defensor adjunto Walter Matertello, según el cual las deudas impagas de los bonaerenses ascienden a $6,49 billones y más de 1,8 millones están en mora.
La iniciativa propone crear el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores en la provincia de Buenos Aires, con una instancia prejudicial obligatoria para mediar entre deudores y acreedores antes de llegar a la Justicia. El texto obtuvo media sanción a fines de septiembre en la Cámara de Diputados provincial, aunque con diferencias dentro del propio bloque oficialista.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
