OVP registra 26 muertes de reclusos en cárceles venezolanas entre abril y junio

La muerte de Fabiana Desirée Páez Fernández, interna del Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, elevó a 26 el número de personas privadas de libertad fallecidas entre abril y junio en las cárceles de Venezuela, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Falta de atención médica

El OVP señaló que Páez presentó insuficiencia respiratoria y otras patologías de salud que no habrían recibido una atención médica integral oportuna. La organización atribuyó el deceso a la ausencia de asistencia adecuada dentro de los centros penitenciarios.

Se trata, además, de la primera muerte documentada por el OVP en La Crisálida, una instalación que comenzó a operar en 2018.

Condiciones reportadas en La Crisálida

La organización indicó que en ese centro persisten condiciones de reclusión inadecuadas. Entre ellas mencionó la convivencia de presas políticas con presas sociales, el suministro de un solo envase de agua para el aseo personal y el lavado de ropa, y el hacinamiento de mujeres detenidas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Luego de que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio de 2024 sin presentar las actas de escrutinio, se produjo una ola de protestas que dejó decenas de muertos y más de 2.000 detenidos. En la actualidad, la ONG Foro Penal estima que hay 32 presas políticas en el país.

Alrededor de 320 mujeres detenidas

El OVP afirmó que en La Crisálida hay cerca de 320 mujeres privadas de libertad, por lo que exigió atención médica especializada urgente para evitar otra muerte bajo custodia del Estado.

El más reciente informe de la organización indica que en 2025 murieron 181 personas privadas de libertad bajo custodia estatal. De ese total, al menos 151, equivalentes al 95 %, fallecieron sin recibir la atención médica que requerían, entre ellas una mujer recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina.

En paralelo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsa una reforma de la justicia penal después de admitir que el sistema está afectado por desviaciones como la corrupción de funcionarios, el retardo procesal y la criminalización de la pobreza.