Elñ fiscal invitó a su par del tribunal de La Haya, Fatou Bensouda, a visitar Venezuela para que «conozca cómo se realizan las investigaciones» en el país.
La Fiscalía de Venezuela presentará ante la Corte Penal Internacional (CPI) un documento que busca probar que el Estado «castiga, sanciona y persigue» a quienes atentan contra los derechos humanos en el país, ante los indicios de incumplimiento que posee el alto tribunal, informó este lunes 9-N el fiscal general, Tarek William Saab. El titular del Ministerio Público aseguró, en una comparecencia pública, que las instituciones no permiten que haya impunidad, en casos de violación a los derechos humanos, ya sea cometida por civiles o funcionarios del Estado. Saab, quien ofreció un balance sobre su visita a la CPI el pasado 4 de noviembre, recordó que invitó a la fiscal general del tribunal de La Haya, Fatou Bensouda, a visitar Venezuela para que «conozca cómo se realizan las investigaciones» en el país. Niega crímenes de lesa humanidad En la reunión del pasado miércoles, Bensouda comunicó a Saab que considera que existen «fundamentos razonables para creer» que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sin embargo, el fiscal venezolano dijo este que «no se puede tipificar que haya crímenes de lesa humanidad» porque la Constitución y las leyes lo han prevenido.
“No se puede tipificar que en Venezuela existen crímenes de lesa humanidad porque no han ocurrido ataques contra grupos de civiles en específico. Si ocurriesen serían sancionados por todo el peso de la Ley”, expuso Saab, de acuerdo a VTV
El alto tribunal abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores. La Fiscalía de la CPI ha solicitado a Venezuela información sobre «los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma», la carta fundacional de la corte internacional.
La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo auténticas pesquisas sobre los hechos investigados.
