El Tren de Aragua pasó de ser una banda carcelaria a una estructura criminal transnacional con presencia en varios países de la región, tras consolidarse…
El Tren de Aragua pasó de ser una banda carcelaria a una estructura criminal transnacional con presencia en varios países de la región, tras consolidarse en el penal de Tocorón bajo el liderazgo de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero». Su expansión, su intervención militar en 2023 y la presión judicial y financiera de Estados Unidos marcaron una trayectoria que combinó control interno, dispersión internacional y una ofensiva final contra su jefatura.
De delincuente común a jefe del penal
Los primeros movimientos de Guerrero en el mundo delictivo se ubicaron a comienzos de los años 2000, cuando se dedicaba al robo, al tráfico de drogas a pequeña escala y a los enfrentamientos con funcionarios policiales. Su salto definitivo ocurrió en 2005, cuando fue implicado en el asesinato de un agente y terminó detenido en Tocorón.
Lejos de frenar su ascenso, la reclusión le permitió consolidarse como el jefe de una organización criminal que terminó expandiéndose desde la cárcel. Tocorón quedó convertido en un centro de poder del crimen, con discoteca, comercios y hasta un zoológico, mientras las autoridades venezolanas negaban durante años la existencia de pranes y megabandas.
El criminólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Izquiel, afirmó a VPITv que ese crecimiento no fue casual y que no puede explicarse sin la participación de altos funcionarios del Estado venezolano.
La expansión fuera de Venezuela
Con ese respaldo, el Tren de Aragua dejó de ser una estructura penitenciaria y se convirtió en una red con presencia en Colombia, Perú, Chile y Brasil. Su expansión coincidió con la ola migratoria generada por el deterioro de la economía venezolana bajo el gobierno de Nicolás Maduro, un contexto que facilitó la internacionalización de sus operaciones.
La organización aprovechó ese desplazamiento masivo para ampliar actividades de extorsión, trata de personas y narcotráfico en distintos países del continente. Su alcance quedó expuesto con el secuestro y asesinato en Santiago de Chile del exteniente venezolano Ronald Ojeda, considerado disidente político.
En febrero de 2024, hombres vestidos como policías sacaron a Ojeda de su apartamento. Días después, su cuerpo apareció dentro de una maleta y enterrado bajo bloques de cemento. La investigación penal en Chile concluyó que la orden salió desde la cúpula de la banda.
Además, un testigo protegido relacionó el encargo del crimen con altas esferas del poder en Venezuela, lo que elevó la presión sobre el caso. Por estos hechos, la Fiscalía chilena acusó a «Los Piratas», una célula violenta del Tren de Aragua.
La intervención de Tocorón y la dispersión de la estructura
Después de años de operar con impunidad desde el penal, la presión internacional empujó al gobierno de Maduro a intervenir Tocorón en septiembre de 2023, con un despliegue de 11.000 funcionarios. La operación fue presentada como un golpe decisivo contra la organización.
Sin embargo, la intervención dejó más dudas que certezas. Según Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, Guerrero habría anticipado el operativo y ordenado un toque de queda dos días antes. También sostuvo que no volvió a ser visto después del despliegue.
InSight Crime señaló que Guerrero y buena parte de sus lugartenientes abandonaron la cárcel con dinero, armas y suministros. Cuando las autoridades tomaron el penal, ya no había jefes dentro, y la estructura se dispersó hacia las fronteras y zonas de minería ilegal, aunque mantuvo su poder de fuego.
La respuesta de Washington
Mientras en Suramérica se acumulaban expedientes judiciales, el gobierno venezolano mantuvo la negación. En abril de 2024, el canciller Yván Gil aseguró en un encuentro con su homólogo colombiano, Luis Gilberto Murillo, que el Tren de Aragua era una ficción creada por la mediática internacional y lo comparó con el Cartel de los Soles.
Ese mismo año, la justicia estadounidense tomó medidas. En julio de 2024, un tribunal federal de Nueva York acusó a «Niño Guerrero» de conspiración por extorsión y apoyo al terrorismo, y catalogó al Tren de Aragua como una organización terrorista transnacional. Para facilitar su captura, el Departamento de Estado ofreció hasta 5 millones de dólares por información sobre su paradero.
En 2025, el Departamento del Tesoro sancionó a Guerrero y a otros cinco integrantes de la banda: Wilmer Pérez Castillo, Josué Santana Peña, Wendy Ríos Gómez, Félix Castillo Rondón y Yohan José Romero, alias «Johan Petrica». Las sanciones bloquearon sus bienes en Estados Unidos por su presunta vinculación con explotación sexual infantil, tráfico de migrantes y lavado de dinero.
Por «Johan Petrica», señalado como cofundador de la organización, Washington mantuvo además una recompensa activa de 4 millones de dólares. Para conocedores del Tren de Aragua, Romero sería el verdadero jefe y el ideólogo del modelo de gobernanza criminal que nació en Tocorón y luego se extendió a Las Claritas.
Bolívar, Las Claritas y el cierre del ciclo
Pese a las alertas internacionales, el discurso oficial en Caracas insistió en que la banda estaba desmantelada. El 21 de febrero de 2025, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo en televisión que el Tren de Aragua estaba «capturado, reducido y desmantelado» y que ya no operaba en Venezuela. También acusó a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque de haber llevado la organización a Colombia.
En diciembre de 2025, Nicolás Maduro reiteró esa versión y aseguró que la banda había sido extinguida en 2023 tras la intervención de Tocorón. Según sus declaraciones, el gobierno derrotó al grupo con la ley y la Constitución en la mano.
Sin embargo, la versión oficial quedó desmentida cuando el Comando Sur de Estados Unidos informó que, junto con organismos venezolanos, ejecutó un ataque cinético que provocó la muerte de «Niño Guerrero» dentro del territorio nacional. El líder criminal se encontraba en el estado Bolívar, específicamente en Las Claritas, un enclave minero controlado por el Sindicato de Las Claritas de «Johan Petrica».
InSight Crime sostuvo que acuerdos con funcionarios del Gobierno fueron determinantes para que Guerrero convirtiera el Arco Minero del Orinoco en su refugio. Incluso, de acuerdo con ese medio, la campaña electoral de Maduro también llegó a Las Claritas, donde durante la elección del 28 de julio de 2024 se habría coaccionado a mineros para votar por él.
Un golpe que no elimina la red
Para Luis Izquiel, la muerte de Guerrero representa un golpe severo para la estructura, porque era una figura con capacidad para generar ingresos, expandir negocios y mantener cohesionados distintos frentes criminales.
Aun así, el especialista advirtió que las células desplegadas en otros países alcanzaron suficiente autonomía en los últimos años como para seguir operando, especialmente en materia de coordinación regional. Con ello, el cierre de la etapa de «Niño Guerrero» no implicaría necesariamente el fin de la actividad criminal asociada al Tren de Aragua.
