Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a cinco años y cuatro meses de prisión los exsargentos segundos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Carlos Acosta (23) y José Guarecuto (24), por extraer una batería de las máquinas electorales propiedad del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual se encontraba en los depósitos de la empresa Uniprint, situada en Turmero, municipio Mariño del estado Aragua.
La irregularidad fue detectada el 3 de abril de este año por el dueño de la mencionada compañía, cuando este advirtió a las autoridades correspondientes que los hoy condenados, encargados de resguardar el depósito, llevaban consigo un bolso de dudosa procedencia, por lo que fueron aprehendidos tras localizarse la batería en el morral.
En la apertura del juicio, el fiscal 21º de esa jurisdicción, Rolando García, ratificó la acusación contra los militares por los delitos de peculado doloso propio y agavillamiento, tipificados en la Ley contra la Corrupción y en el Código Penal.
Luego de ser evaluados los medios de pruebas presentados por el representante del Ministerio Público y tras la admisión del hecho por parte de Guarecuto y Acosta, el Tribunal 4° de Juicio de Aragua dictó la referida sentencia condenatoria contra ambos, quienes cumplirán la pena con arresto domiciliario.
Adicionalmente, la citada instancia judicial acordó el pago de una multa equivalente al 60% del costo de la batería, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta el cumplimiento de la condena.
Acusada coordinadora de Sunagro por estafa
El Ministerio Público acusó a la coordinadora regional-Miranda y al mensajero de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), Grisel Marcano (31) y Jean Correa (32), respectivamente, por presuntamente cobrar dinero para gestionar la asignación de apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
La fiscal 26° nacional, Fátima Jardim, acusó a Marcano y a Correa por los delitos de estafa, agavillamiento y tráfico de influencias.
En el escrito presentado ante el Tribunal 34º de Control del Área Metropolitana de Caracas, la fiscal del caso solicitó la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de ambas personas, quienes permanecen recluidas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide.
El 14 de julio de este año, Correa se disponía a salir de las oficinas del organismo agrícola, cuando un funcionario del área de seguridad le requirió la revisión de tres sobres que poseía.
En el procedimiento se constató de que el hombre tenía la cantidad aproximada de 30 mil bolívares, presuntamente producto de pagos recibido por parte de algunas personas a quienes les habrían ofrecido viviendas; además de contener diferentes cédulas de identidad. Por tal motivo, efectivos de la Policía Nacional contra la Corrupción se presentaron en el sitio y practicaron su detención.
Ese mismo día, Marcano fue aprehendida tras una orden solicitada por el Ministerio Público y acordada por la citada instancia judicial, debido a diversas denuncias hechas por personas interesadas en ser beneficiadas con la adquisición de viviendas de la GMVV.