Varios de los 12 campesinos asesinados por militares en el estado Miranda fueron «desmembrados», reveló este miércoles la fiscal general, Luisa Ortega, mientras crecen las denuncias sobre decenas de ejecuciones durante operativos de seguridad.
«Estaban algunos desmembrados (…) Las autopsias revelaron la forma cruel como fueron ejecutados», señaló la fiscal al canal Venevisión, indicando que nueve cuerpos ya fueron identificados.
Ortega confirmó que las víctimas -halladas en fosas comunes el viernes y el sábado últimos- no tenían antecedentes penales ni estaban cometiendo delito alguno al momento de su arresto.
«Entrevistamos a 50 testigos, entre familiares y personas que estuvieron detenidas. Tenemos tres testigos protegidos (…) Solicitamos la privativa de libertad contra 12 funcionarios del Ejército. En este momento están privados de libertad 10 de ellos», detalló.
Según la fiscal, los agricultores fueron capturados en la localidad de Barlovento (estado Miranda, norte) entre el 15 y 16 de octubre. No se refirió a los motivos de la masacre.
Los hechos revivieron las denuncias de violaciones de derechos humanos en acciones especiales contra la criminalidad, llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), puestas en marcha en julio de 2015 por el presidente Nicolás Maduro.
Ortega Díaz puso a disposición su despacho para hacer algún tipo de iobservación sobre los procedimientos que se realizan dentro de las OLP:
“Si bien es cierto que deben realizarse actividades para combatir la criminalidad, estas no pueden desarrollarse de manera compulsiva, de manera violenta contra toda una población y, sobre todo, contra los más vulnerables e indefensos, porque estaríamos ante una situación más grave, como sería criminalizar a los más pobres”, aseguró Ortega Díaz.
A criterio de la Fiscal General, la manera en cómo se están ejecutando los operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos no garantizan la paz ni la tranquilidad: “No contribuyen ni fortalecen la tolerancia, por el contrario, lo que hacen es exacerbar la violencia”.
Precisó que hay que revisar la efectividad de dichos planes, es decir, si en los sectores en los que se han implementado, en realidad, han mermado los índices delictivos.
Consideró que realizar una evaluación de los operativos de seguridad es saludable para el Estado, ya que pueden ocurrir hechos como en Barlovento, en los que las víctimas eran trabajadores y campesinos.
Adicionalmente, propuso estudiar la conducta de los funcionarios que participan en los planes de seguridad, “porque ellos deben actuar apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el respeto de los derechos humanos”.
“El policía que cumple funciones de seguridad debe ser un funcionario de proximidad, un funcionario capaz de entender la situación de cada uno de los sectores en el que va a operar, porque la realidad de los Valles del Tuy o de Barlovento, no es la misma del estado Vargas o Mérida. Cada región y jurisdicción tiene su particularidad y el ciudadano que trabaja con la seguridad debe conocer la idiosincrasia de los habitantes de la zona o sector en el que se va a implementar el plan”, explicó la Fiscal General.
Inti Rodríguez, coordinador de la ONG defensora de los derechos humanos Provea, aseguró este miércoles que desde que iniciaron las OLP han ocurrido 850 muertes a manos de militares.
Para el activista, en Venezuela «se ha impuesto una lógica belicista y de guerra para abordar el problema de la inseguridad», lo que supone una instauración de la «pena de muerte».
Es una «operación de exterminio», afirmó por su parte el dirigente opositor Henrique Capriles, quien sostuvo -citando un «informe confidencial» de la Fiscalía- que sólo el año pasado las OLP dejaron 883 asesinados.
En su informe de gestión de 2015, la fiscal dio cuenta de 245 muertes en los primeros seis meses de las OLP.
El martes, el chavismo y la oposición -que controla el Parlamento- aprobaron un acuerdo legislativo inédito que condena la matanza en Barlovento.
Según la Fiscalía, Venezuela registró el año pasado 17.778 homicidios, para una tasa de 58,1 por cada 100.000 habitantes (seis veces mayor al promedio mundial), pero la ONG Observatorio Venezolano de Violencia estima que la media es de 90 por cada 100.000.
La Fiscalía solo cuenta los casos que tipifica como asesinatos, mientras la ONG incluye todas las víctimas por armas, incluidos los fallecidos en acciones policiales, que a priori se consideran resistencia a la autoridad.
