La falta de insumos, equipos y mantenimiento en los hospitales públicos venezolanos ha abierto espacio para que empresas privadas entren en una estructura que debería garantizar atención gratuita y accesible. Gremios de salud denuncian que, en ese vacío, pacientes son remitidos a laboratorios y proveedores específicos para completar estudios, insumos o equipos médicos.
Laboratorios privados toman espacio dentro de los centros
María Cabrera, presidenta del Colegio de Bioanalistas del Distrito Federal y Estado Miranda, aseguró que han recibido denuncias de familiares de pacientes sobre hospitales donde determinados laboratorios privados tienen autorización para prestar servicios.
En esos casos, explicó, no siempre se instala un laboratorio dentro del centro asistencial, pero personal de una empresa entra al hospital y toma muestras directamente a los pacientes hospitalizados.
La dirigente señaló además que se han presentado situaciones en las que médicos indican a los pacientes que determinados exámenes solo serán aceptados si son realizados en un laboratorio específico.
“Eso es ilegal y eso lo hemos denunciado”, afirmó Cabrera en una entrevista con El Nacional.
También dijo que algunas personas han presentado exámenes de otras empresas y se han encontrado con que el personal médico los rechaza y les exige repetir las pruebas en un establecimiento específico.
Cabrera añadió que el gremio ha denunciado estas situaciones ante el Ministerio de Salud, pero no ha recibido respuesta.
Una enfermera del Hospital Dr. Domingo Luciani, que habló en condición de anonimato, confirmó que algunos especialistas solicitan exámenes de laboratorios y otros estudios de proveedores específicos o, de lo contrario, no avanzan con la evaluación médica.
“Me ha tocado ver a personas que no tienen dinero pidiendo prestado para poder mandar a hacer una simple hematología porque el médico le exigió que debía realizarse el examen en un lugar en específico”, dijo a El Nacional.
Listas de insumos y cirugías condicionadas
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, también denunció que hay pacientes que necesitan una intervención quirúrgica y reciben listas con batas, suturas, adhesivos, alcohol, povidona y otros materiales que deben adquirir antes de regresar al hospital.
En algunos procedimientos, añadió, también se solicitan equipos especializados.
Contreras mencionó al Hospital Domingo Luciani, el Hospital de Lídice, el Hospital Universitario de Caracas y el Hospital Miguel Pérez Carreño entre los centros en los que ocurre esta situación.
Según explicó, en esas listas aparecen nombres y números de contacto de empresas privadas a las que los pacientes deben acudir para comprar los productos.
Un joven que pidió reservar su identidad contó que, cuando su madre recibió un diagnóstico cardíaco que incluyó la indicación de colocarle un marcapasos, exploró diversas opciones para conseguir el dispositivo a menor precio, ya que en ningún hospital público podían proporcionarlo.
Finalmente, decidió adquirirlo en Venezuela a través de una casa comercial recomendada por médicos del Hospital Universitario de Caracas. Después de pagar, la empresa coordinó directamente con el hospital el proceso para la intervención.
En total, calculó que gastó unos 3.000 dólares en la operación.
Contreras sostuvo que ese tipo de casos demuestra cómo una cirugía dentro del sistema público puede terminar dependiendo de la capacidad económica de una familia.
Informó que el gremio de enfermería solicitó ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República que se investiguen estas actividades lucrativas alrededor de los hospitales públicos.
Los laboratorios públicos operan al límite
La Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela calcula que 79,89% de los servicios de bioanálisis del sector público presenta severas limitaciones de operatividad, según cifras publicadas por la organización en el mes de septiembre.
La misma federación señaló que los servicios públicos de bioanálisis presentan severas limitaciones por la discontinuidad en el suministro de reactivos y materiales, la falta de mantenimiento de los equipos y el deterioro de las condiciones laborales.
Cabrera recordó que el gremio denuncia desde aproximadamente 2012 o 2013 la progresiva pérdida de capacidad de los laboratorios públicos. Primero desaparecieron los reactivos para pruebas especiales, después comenzaron a faltar equipos y el mantenimiento, y con el tiempo el deterioro alcanzó procedimientos básicos.
Hoy, aseguró, hay hospitales públicos donde no se realizan hematologías, exámenes de orina, pruebas de heces, glicemias, urea, creatinina o perfiles de colesterol y triglicéridos.
La dirigente también describió problemas de infraestructura, agua, electricidad, iluminación y equipos de protección personal.
En algunos establecimientos, explicó, no existe un suministro constante de agua dentro de los espacios donde se procesan muestras. Cuando se interrumpe el servicio, los trabajadores recurren a recipientes para almacenar agua.
La electricidad constituye otro riesgo: algunas muestras deben ser centrifugadas en un tiempo determinado o, de lo contrario, el resultado puede no reflejar las condiciones reales del paciente.
La enfermera del Hospital Dr. Domingo Luciani agregó que, cuando se producen apagones, los bioanalistas pierden muestras y también los insumos, lo que termina afectando la atención al paciente.
