La Asociación Dominicana de Profesores advirtió este viernes que suspenderá de forma indefinida la docencia en Bonao desde el lunes 16 de noviembre si la Policía Nacional no ofrece disculpas públicas por los incidentes ocurridos durante una manifestación frente a las oficinas de Edenorte.
La ADP fija el lunes 16 como plazo
Raúl Martínez, presidente de la seccional de Bonao, condicionó la continuidad de las clases a esa disculpa luego de los enfrentamientos registrados cuando los manifestantes intentaban entregar un documento con sus reclamos a la distribuidora eléctrica.
Los maestros protestaban contra las elevadas facturas de electricidad, que, según denunciaron, oscilan entre 45,000 y 60,000 pesos mensuales. Durante la manifestación se reportaron lanzamientos de objetos y bombas, aunque no se aclararon las circunstancias de los incidentes ni las responsabilidades de los involucrados.
La amenaza se suma a la reducción de la jornada escolar que la seccional mantiene todos los viernes desde el 6 de noviembre. Bajo la consigna «Viernes de lucha», la ADP dispuso que los estudiantes sean despachados a las 12:30 del mediodía, mientras los maestros permanecen en los planteles hasta las 3:00 de la tarde.
La decisión supone una pérdida de tres horas y media de docencia semanal para los alumnos de jornada extendida y de hasta cuatro horas para los de la tanda vespertina, según los horarios establecidos por el Ministerio de Educación.
Un fallo de 2019 limita los paros prolongados
La advertencia ocurre pese a que el Tribunal Constitucional estableció en 2019 que las paralizaciones prolongadas e indiscriminadas de la enseñanza pública pueden vulnerar el derecho fundamental a la educación de los estudiantes.
La sentencia TC/0064/19, dictada el 13 de mayo de 2019 en un conflicto entre la ADP de Barahona y padres de estudiantes afectados por suspensiones reiteradas de clases, rechazó un recurso del gremio y confirmó una sentencia de amparo que ordenaba levantar la suspensión de la docencia y reincorporar a los maestros a sus labores.
Ese fallo también mantuvo una multa coercitiva de 50,000 pesos por cada día de incumplimiento de la orden judicial. Además, el tribunal reconoció que los profesores tienen derecho a reclamar mejores condiciones laborales, pero fijó límites al ejercicio de la huelga cuando afecta de forma grave la educación de niños y adolescentes.
Según esa decisión, la educación pública gratuita y obligatoria puede recibir la protección de un servicio esencial cuando las clases se suspenden de manera progresiva, prolongada e indiscriminada.
