Desde las 5:00 a. m., los trabajadores de diferentes empresas básicas en el estado Bolívar mantienen activas manifestaciones de calle en el distribuidor que comunica las principales industrias con la autopista Puerto Ordaz-Ciudad Bolívar. Esta acción busca ejercer presión sobre la directiva de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y el gobierno ante demandas laborales acumuladas durante años.
Las movilizaciones adquieren especial significado dentro del movimiento sindical regional debido al incremento de la criminalización hacia la dirigencia observado tras los comicios presidenciales. Las tensiones laborales se arrastran desde 2018, cuando iniciaron las protestas en rechazo al Memorándum 2792 con el que se suspendieron cláusulas económicas de las convenciones colectivas.
Reclamos salariales y crisis en el sector salud
Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos (Sunep-CVG), señaló que la falta de respuestas afecta tanto los derechos contemplados en los contratos colectivos como las condiciones de los servicios públicos en las comunidades. Por su parte, Hugo Bastardo, trabajador de Sidor, indicó que han agotado las instancias institucionales para exigir salarios acordes a sus necesidades, el pago de prestaciones, vacaciones, utilidades y la atención a un sistema de salud que presenta graves deficiencias.
Exigencias políticas y reactivación industrial
Además de las reivindicaciones socioeconómicas, los representantes sindicales vincularon la recuperación del parque industrial de Guayana con una transformación política en el país. El dirigente de Ferrominera, Rubén González, insistió en la necesidad de establecer un cronograma electoral con garantías constitucionales y de concretar acuerdos que permitan la liberación de presos políticos y la reactivación del aparato productor.
