La Hacienda El Porvenir, ubicada en el municipio Libertador del estado Táchira y propiedad de Gilberto Antonio Fuentes Rodríguez, se mantiene en el centro de una tensa disputa legal y territorial tras una ocupación ilegal que afecta a más de 2.000 bovinos destinados a la cría, reproducción y engorde. La unidad de producción, que cuenta con una posesión pacífica de más de 30 años respaldada por una Carta Agraria, enfrenta restricciones en el acceso al agua y al pastoreo que ponen en riesgo la seguridad agroalimentaria de la zona.
El conflicto se intensificó el pasado 4 de septiembre de 2026, cuando un grupo de personas ingresó al sector San Miguel acompañada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y representantes de la Oficina Regional de Tierras (ORT) Táchira, dependiente del Instituto Nacional de Tierras (INTI). Los ocupantes exigieron el retiro del ganado y comenzaron la demarcación de parcelas dentro de áreas históricas de ganadería extensiva, limitando el libre desplazamiento de los animales y paralizando las labores productivas del fundo.
Decisión judicial ignorada en el terreno
Ante la gravedad de los hechos, el Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira decretó el 14 de septiembre de 2026 una medida cautelar anticipada de protección agropecuaria bajo el expediente N.º 322-26. La decisión prohíbe levantar obras nuevas, efectuar deforestaciones, realizar siembras improvisadas u ocupar ilegalmente el predio, ordenando además la remoción de cercas perimetrales.
Sin embargo, el 25 de septiembre, cuando los apoderados judiciales acudieron a materializar la medida junto con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, la diligencia fracasó debido a que los efectivos de la GNB adscritos al Destacamento 215 no acataron la orden de traslado y apostamiento fijada por el tribunal. Pese a la orden judicial, los ocupantes continúan reforzando cercas, abriendo vías con maquinaria e introduciendo animales en las áreas disputadas.
Inspecciones por drones y antecedentes de conflicto
La defensa de la hacienda ha denunciado una flagrante violación del debido proceso. Según los afectados, la Oficina Regional de Tierras adjudicó 500 hectáreas tras una inspección realizada mediante un dron que, de acuerdo con el coordinador regional Javier Enrique Sánchez Quintero, «seguramente no captó» la presencia visible de más de 1.500 reses, potreros cultivados y trabajadores en el lugar.
Los representantes de El Porvenir han solicitado al jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Táchira, general Carlos Augusto Bastidas Bastidas, y a las autoridades competentes que garanticen el acompañamiento militar necesario para ejecutar la decisión del tribunal, restablecer el orden en la frontera y salvaguardar la integridad del rebaño antes de que se produzcan daños irreparables a la producción agropecuaria regional.
