MP critica la Misión Independiente de la ONU por su informe sobre la situación en Venezuela
El Ministerio Público (MP) de Venezuela, en un comunicado emitido el 20 de septiembre, expresó su enérgica oposición al último informe presentado por la Misión Independiente de determinación de los hechos de la ONU, calificando la información como «sesgada» y «engañosamente incompleta».
Cuestionamiento a la metodología
En su declaración, el MP sostiene que los integrantes de la Misión presentan datos «incontrastables» sin los «detalles ni evidencias» necesarios para una revisión adecuada de las afirmaciones realizadas. Esta situación, según el MP, perpetúa una narrativa distorsionada de la realidad venezolana.
“Una vez más, los miembros de la Misión, cuyas afirmaciones son cuestionables, basan sus conclusiones en testimonios anónimos y prejuicios, lo que revela una falta de rigor en su metodología”, subrayó el MP en su cuenta oficial de Instagram.
Contexto del informe de la ONU
La Misión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 con el objetivo de investigar violaciones de derechos humanos en el país. En su último reporte, la Misión alegó haber recibido múltiples denuncias sobre torturas y tratos inhumanos a personas detenidas tras las manifestaciones contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Acusaciones de sesgo en el informe
El MP argumenta que este informe parece estar diseñado para «alimentar los ataques contra Venezuela», desdeñando las investigaciones y acusaciones formales que la institución ha llevado contra funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos. «El reporte ignora las condenas dictadas por el Poder Judicial contra aquellos que han infringido la ley», añadió el MP.
Consecuencias de las protestas
Tras las elecciones, el MP informó sobre “graves hechos de violencia”, que resultaron en la muerte de 27 personas, incluyendo a dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Además, se reportaron 195 heridos, de los cuales 97 eran funcionarios de seguridad.
El Ministerio también documentó 486 ataques a instituciones y bienes públicos, de los cuales destacó:
- 75 centros educativos
- 41 centros de salud
- 50 instalaciones de transporte
- 253 sedes de cuerpos de seguridad
- 10 colegios de votación
- 27 estatuas y monumentos
- 13 establecimientos comerciales
- 10 locales de organizaciones políticas
Detenciones y respuesta del gobierno
El informe de la Misión, que fue presentado en una conferencia de prensa el 18 de septiembre, documentó que al menos 158 menores de edad fueron detenidos a raíz de las protestas. La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, indicó que la «respuesta represora» de las fuerzas de seguridad, junto con grupos civiles armados alineados al gobierno, fue orquestada desde «los más altos niveles del Gobierno, incluido el presidente Maduro».
Llamado a la comunidad internacional
Los miembros de la Misión han instado a la comunidad internacional a no caer en el desinterés ni a normalizar lo que consideran una grave crisis humanitaria en Venezuela, advirtiendo sobre la continua violación de derechos humanos en el país caribeño.
El MP ha reafirmado su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, con el objetivo de esclarecer los hechos y castigar a los responsables de cualquier violación de DDHH.
