Dice el Ministerio Público que «las instituciones venezolanas están dando todos los pasos necesarios y atendiendo a todos los requerimientos de la fiscalía en tiempo y forma, y por lo tanto, están demostrando su firme disposición de colaboración».
El fiscal Tarek William Saab aseguró que el informe que presentó este lunes 14-D la Corte Penal Internacional (CPI), sobre las presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, surge de la reunión que sostuvo con su homóloga, Fatou Bensouda, el pasado 5 de noviembre del presente año.
La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció este lunes 14 de diciembre que, luego de haber llevado a cabo un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha encontrado fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”.
«El preinforme también manifiesta que la fiscalía de la CPI no ha abierto una investigación al Estado venezolano, haciendo caso omiso a las peticiones y presiones irrespetuosas de la fiscal Bensouda, y que han sido incluso criticadas por ellas. Esta decisión demuestra que las instituciones venezolanas están dando todos los pasos necesarios y atendiendo a todos los requerimientos de la fiscalía en tiempo y forma, y por lo tanto, están demostrando su firme disposición de colaboración como queda reseñado en este preinforme y así se continuará haciendo», cita parte del comunicado del Ministerio Público.
El documento de la fiscal de la CPI hace referencia a milicias paramilitares, conocidas como “colectivos”, e indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.
