La Corte Penal Internacional (CPI) ha negado la solicitud del Gobierno de Nicolás Maduro para responder a las más de 8.900 víctimas de violaciones a sus derechos humanos. La Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI ha rechazado la petición debido a que considera que no hay precisión en los argumentos del Estado venezolano. El Gobierno buscaba dar respuesta a los testimonios de las supuestas víctimas, alegando que pudieron no ser llevados a instancia dentro del país. La CPI ha destacado que la solicitud de las autoridades venezolanas no procede porque no han sido admitidos aún los testimonios de las personas. Por ello, “la Sala no considera necesario recibir presentaciones adicionales de Venezuela o cualquier otro participante en este procedimiento”. La administración de Nicolás Maduro solicitó a la CPI que se les permitiera responder al informe sobre las opiniones de 8.900 víctimas que solicitan la reanudación y ampliación de la investigación, pero la petición ha sido denegada.