La Asamblea Nacional (AN) elegida en 2020 ha aprobado una investigación contra la Comisión Delegada del Parlamento de 2015 y los diputados y partidos políticos que avalaron la continuidad de su directiva el pasado 5 de enero. La directiva está integrada por la presidenta Dinorah Figuera (Primero Justicia), así como por Marianela Fernández (Un Nuevo Tiempo) y Auristela Vásquez (AD) como primera y segunda vicepresidenta, respectivamente.
La solicitud de investigación surgió tras el pedido del diputado José Brito (Primero Venezuela) para poner fin a la «impunidad» de los parlamentarios de la legislatura anterior que han prolongado la vigencia de sus cargos, lo que les ha dado la facultad de manejar los activos de Venezuela en el exterior, un acto que Brito calificó como un «robo». El presidente de la AN de 2020, diputado Jorge Rodríguez, solicitó que el primer vicepresidente, Pedro Infante (Psuv), presente un informe sobre el caso en una semana.
En la sesión, se aprobó la formación de una comisión especial para identificar a los responsables de tomar recursos de Citgo, que ascienden a unos 70 millones de dólares, y aplicar sobre ellos la Ley de Extinción de Dominio y la Ley para la protección de los bienes nacionales en el extranjero.
Rodríguez expresó su descontento respecto a la situación, señalando que quienes votaron son representantes de los partidos políticos inscritos ante el Consejo Nacional Electoral y, por lo tanto, deben ser responsables ante la ley. Asimismo, cuestionó la libertad con la que algunos individuos involucrados en el caso, como el abogado de Cristalex y procurador en la administración de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, pueden moverse por el mundo a pesar de su presunta implicación en el «robo de Citgo».
