La Asamblea Nacional del 2020 ha aprobado en primera discusión el proyecto de ley orgánica de extinción de dominio, una nueva norma destinada a recuperar bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, vinculadas con delitos que hayan sido cometidos contra el patrimonio público o el tráfico ilícito de sustancias. El proyecto de ley, presentado por el diputado Diosdado Cabello, busca responder a la pregunta de qué hacer con los bienes recuperados de actos de corrupción y enfatiza que estos deben ser recuperados y utilizados en beneficio del pueblo. En algunos casos, se contempla que exista una sentencia firme para poder disponer de los bienes, y se garantizan el derecho a la apelación, que deberá ser respondida en un lapso de cinco días.
La nueva norma dejará en manos de los tribunales de control, luego de una solicitud del Ministerio Público, autorizar la transferencia de bienes al Estado venezolano con o sin la presencia del acusado. También se prevé que la ley se aplique de manera retroactiva, lo que significa que si alguien cometió un delito hace 5 o 10 años, la ley se aplicará para recuperar los bienes involucrados en el delito.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha enfatizado que la purga anticorrupción que adelanta el Ejecutivo «va hasta lo más profundo» de estas mafias sin importar la afiliación política de los funcionarios, a quienes calificó de «basuras». Según Rodríguez, el objetivo de esta ley es evitar que «la gente sienta que los corruptos se salieron con la suya». Además, ha mencionado que «no hay nada más capitalista» que el concepto de corrupción, y ha hecho ejemplos de situaciones específicas de corrupción, como el caso del exalcalde de oposición Ismael García, cuya plata se la tenía un compadre.
La nueva ley ha sido aprobada por unanimidad en su primera discusión y se espera que sea implementada en breve para efectuar la recuperación de bienes obtenidos por actos de corrupción.
