En julio de 2017, la Asamblea Nacional escogió a 33 jueces como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (13 principales y 20 suplentes), con la intención de reemplazar a un mismo número de funcionarios que habían sido electos de manera “exprés”, según denunció la oposición, por la AN de mayoría roja que cumplió funciones hasta diciembre de 2015.
La designación de estos magistrados fue declarada nula por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que los acusó de usurpación de funciones, delito previsto en el artículo 213 del Código Penal. Tres de ellos: Ángel Zerpa, Jesús Rojas y Zuleima González, fueron apresados, mientras que el resto logró exiliarse entre Estados Unidos, Chile y Colombia.
Desde entonces se hicieron llamar mediáticamente TSJ en el exilio, incluso, en Twitter se denominaron @TSJ_Legítimo.
Trece meses después en su haber cuentan con decisiones como la anulación de la decisión del Gobierno de retirar a Venezuela de la OEA, sentencias ordenando a la Fanb desconocer al presidente Nicolás Maduro y recientemente llevaron a juicio al Mandatario nacional y lo condenaron a 18 años y tres meses de prisión por corrupcion en el caso Odebrecht, “debe pagar multa de $25 millones por corrupción propia y reintegrar al Estado venezolano $35 mil millones por legitimación de capitales”, se lee en un tuit.
Pero estas decisiones no tienen efectividad ni asidero jurídico.
“No existe ningún TSJ en el exilio y no puede existir. Para empezar la Constitución señala que la sede de los poderes públicos está en Caracas, y por otra parte, eso no tiene ningún asidero jurídico, eso es algo simbólico, en todo caso solo es un hecho noticioso, una parodia o teatro, y sus sentencias no tienen ningún tipo de efectividad ni en Venezuela ni en ninguna parte. No es un tribunal aceptado ni por Naciones Unidas, ni por la Corte Internacional Penal, ni ha habido un reconocimiento expreso de algún Estado a ese tribunal, porque ningún país se va a arriesgar a que le constituyan un tribunal fuera. Además, tampoco le pueden hacer un juicio a una persona en ausencia, donde no ha habido derecho a defensa”, expuso el constitucionalista Juan Luis Núñez.
Además de lo que argumenta Núñez, algunas irregularidades rondan el funcionamiento de este tribunal. Primero, se encuentra incompleto, la AN solo eligió a 13 principales y 20 suplentes, y no los 32 que lo componen.
De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, lo que preveía la AN era que los designados se unieran al resto de los diecinueve principales restantes en ejercicio en el TSJ y a los doce suplentes. Pero al constituirse en el exilio en un tribunal independiente, diferente y separado al TSJ con sede en Venezuela, los magistrados fueron más allá de lo que la AN aprobó.
Segundo, para conferir la investidura de magistrado, aparte de la juramentación que se hizo en la AN, en la plaza Alfredo Sadel de Caracas, hizo falta el requisito de toma de posesión de sus cargos dentro de los diez días siguientes (artículo 40 de la Ley Orgánica del TSJ), con lo que no cumplieron por la persecución que sufrieron.
En tercer lugar, según el artículo 6 de la Carta Magna, el asentamiento de los poderes públicos está en la ciudad de Caracas. “Jurídicamente no sería viable sostener que los magistrados que se instalen en el exilio tengan jurisdicción para actuar o ejercer competencias”, reseñó la ONG, en su web.
Las decisiones de este TSJ en el exterior se han venido tomando desde el Senado colombiano, en Bogotá.
Además de eso, de su presidente, Miguel Ángel Martín, se dijo que tiene doble nacionalidad y que posee pasaporte español. La Carta Magna en su artículo 263 establece que quienes conformen el TSJ no deben tener otra nacionalidad que no sea la venezolana.
“Están cometiendo delito, porque están usurpando funciones. Además no pueden coexistir dos tribunales supremos”, agregó el abogado Núñez.
Desde el punto de vista político sus decisiones sí tienen efecto, opinó la analista Margarita López Maya. “Esas instituciones en el exilio para la comunidad internacional son la imagen de lo que sucede en Venezuela, tienen cierta fuerza simbólica, porque en efecto ellos no pueden operar en el país, sus funciones están totalmente coartadas porque no están, pero de alguna manera en ellos reside algo de la legitimidad de la democracia que perdimos, y que la única institución que queda de esa democracia es la Asamblea Nacional, que está tratando de sobrevivir adentro”.
Sin embargo, López Maya añadió que entre el TSJ en el exilio y la AN existe una relación de tensión, puesto que el primero toma decisiones que pueden acarrearle consecuencias negativas al Parlamento.
“La AN discutió la sentencia del TSJ en el exterior culpando a Maduro por corrupción en el caso Odebrech, y se le condenó a prisión. Se hizo la discusión pero formalmente esa decisión no ha llegado a la AN”, expresó López Maya.
En la sesión de la AN del pasado martes se produjo un alzamiento de opiniones cuando el diputado Omar González, de la fracción 16-J, emplazó al Parlamento a no tener miedo y acatar la sentencia emitida contra Maduro por el tribunal en el exilio, a lo que el diputado Carlos Paparoni, de PJ, objetó diciendo que “desde la AN no hay miedo de defender al país”, y apeló a que no había sentido en su opinión en el estrado.
El presidente de la AN, Omar Barboza, refirió que “tenemos que preservar la legitimidad por encima de todo, si queremos que se respete el Estado de derecho no podemos violarlo, no vamos a usar nuestra posición para complacer algunos intereses”.
La AN aprobó un acuerdo que respalda la sentencia condenatoria del tribunal. Sin embargo, Omar González, que propuso el punto, salvó su voto considerando que el documento estaba incompleto.
Toda una polémica ha generado la última decisión del TSJ en el exterior, hace dos días, por el mismo caso que condenaron a Maduro, ese mismo tribunal pidió que sea investigado el dirigente opositor Henrique Capriles, a lo que éste respondió: “El que no la debe no la teme. Somos los principales interesados en que se investigue sin falsedades lo que tenga que investigarse. No vamos a perder el foco de lo verdaderamente importante”.
Entre tanto, el TSJ en el país los califica de organización criminal y su presidente, Maikel Moreno, ha solicitado “la inmediata detención de estas personas”.
