El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó este jueves un fallo de la Corte Suprema de Chile, quien solicitó a la Organización de Estados Americanos la llegada a Venezuela de uno de sus representantes para constatar el estado de salud de los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos.
“Es evidente que cualquier acto o documento judicial que implique injerencia en los asuntos internos o externos de la República, además de negar la propia soberanía del estado que lo emite, en cualquiera de sus órganos, representa un abierto quebrantamiento de los principios de soberanía, independencia y no injerencia, criterios que cobran vigencia ante esta injuria abordados por la jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia al señalar la incólume dignidad soberana del pueblo venezolano y sus instituciones”, expresó a los medios de comunicación la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez.
En su pronunciamiento, Gutiérrez afirmó que “no atenderán exigencias fuera de lugar provenientes de otros países”.
“En nuestro país, como nunca antes en el pasado, la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y las ciudadanas y por ello los tribunales actúan cabalmente reservando los derechos humanos siendo así un verdadero estado garantista de la esfera de los derechos ciudadanos, lo que dista de otras épocas y latitudes, en que los abusos y contrariedades a los mismos eran por muchos frecuentes.
El poder judicial honra su misión de preservar la soberanía impidiendo que se atente contra la dignidad de la República por lo que nunca atenderá a exigencias fuera de lugar proveniente de otras naciones”, sostuvo la presidenta del TSJ.
Mencionó que son notorios los intentos de debilitamiento de las instituciones cuando se aproxima un proceso electoral y por el contrario impera un fortalecimiento de las mismas y del pueblo organizado.
“Resulta muy improbable que estos intentos sean exitosos en la medida que la decisión del pueblo venezolano, de ser libre e independiente, no podrá revertirse una vez que tomó tal decisión histórica. Venezuela exige respeto a las decisiones soberanas emanadas de las instituciones que conforman el poder público venezolano en la misma medida en que nuestro país lo hace en todos los ámbitos de su actuación, respetando la actuación judicial de otros países en virtud del pleno conocimiento del contenido del derecho internacional”, subrayó Gutiérrez.
Temprano, el ministro del Interior de ese país, Jorge Burgos, informó el jueves que «ya comentamos la resolución judicial, que del punto de vista de su cumplimiento corresponde acatarla. La decisión de la Corte Suprema se transmitirá, como pide el fallo, a los organismos respectivos».
La Corte acogió la víspera un recurso de protección en favor de López y Ceballos alegando que en su caso se cumplen los requisitos para que actúe la jurisdicción internacional de protección de los derechos.
El tanto el canciller Heraldo Muñoz dijo desde Filipinas, donde acompañó a la presidenta Michelle Bachelet al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que en Chile existe una total separación de poderes del Estado. «No le corresponde al gobierno comentar los fallos del Poder Judicial, lo que corresponde es ejecutarlos», remarcó Muñoz.
Sobre una eventual tensión entre los gobiernos de Chile y Venezuela a raíz del fallo, el ministro del Interior respondió negativamente.
El máximo tribunal chileno acogió el recurso de protección porque los tribunales venezolanos «no aparecen actuando con suficiencia en la protección de los derechos de sus ciudadanos ya individualizados y hasta se podría sostener, con al menos cierta connivencia con los propósitos políticos del gobierno» del presidente Nicolás Maduro.
El fallo establece que un representante de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, o un representante autorizado, deben constituirse donde estén López y Ceballos, constatar su estado de salud, tomar sus impresiones e informar a la asamblea general del organismo internacional y a la corte chilena.
López, encarcelado desde febrero de 2014, cumple una condena de 13 años y nueve meses por organizar masivas protestas contra el gobierno de Maduro que derivaron en actos violentos en los que murieron unas 40 personas. Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, fue detenido en marzo del año pasado por supuestos delitos relacionados con las manifestaciones y permanece bajo arresto domiciliario.
Franklin Nieves, el fiscal del caso contra López que huyó de Venezuela, afirmó que el proceso contra el líder opositor fue «una farsa».
La resolución de la justicia chilena no tiene ningún peso sobre las autoridades venezolanas.
