El máximo tribunal de Venezuela allanó el jueves el camino para que el Gobierno nacional solicite un crédito al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), sin pasar antes por la aprobación de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
Algunos medios locales han informado que el país solicitaría un préstamo de 1.000 millones de dólares al FLAR, una organización financiera del Sistema Andino de Integración con sede en Bogotá, cuyo objetivo es brindar apoyo a la balanza de pagos de sus ocho países miembros.
El parlamento venezolano, según sus atribuciones, debe aprobar todos los contratos de interés público. Pero a ser suscrito» entre el Banco Central de Venezuela (BCV) y el FLAR «se realiza en ejecución de un convenio internacional (…) en consecuencia no debe considerarse como un contrato de interés público nacional, por ende, no está sujeto a la autorización de la Asamblea».
«La relación de control no supone poder inmiscuirse en las operaciones que realice el Banco Central de Venezuela», agregó el TSJ en el fallo. Desde el parlamento consideran que el dictamen obedece a una maniobra de las autoridades monetarias.
