El dirigente opositor Manuel Rosales durante su primera audiencia de presentación este miércoles, 4 de enero, en el Palacio de Justicia luego de ser la madrugada del 31 de diciembre, indicó que debe presentarse cada 15 días y tiene prohibido salir del país.
«Ejerceré todos mis derechos. Las cuentas están bien claras, y por algo estoy saliendo en libertad. Tengo valores y principios y por eso puedo mirar de frente al pueblo, lucharé contra este gobierno que no sirve. Estaré encontrándome con el pueblo del Zulia, con la Chinita», afirmó a las afueras del Palacio de Justicia.
Sostuvo que es «vergonzosa» la situación en la que están las instituciones en el país. «Si nosotros queremos recuperar a Venezuela, hay que discutir y establecer acuerdos mínimos. Nosotros vamos a asumir el poder en la primera oportunidad electoral que tenga el país. Tenemos que entender que Venezuela está reclamando soluciones a los problemas. O nos decidimos los dirigentes políticos a solucionar problemas y a dirigir a la sociedad, o no servimos. Aquí va a haber un cambio y los que hoy están en el gobierno pasarán a la oposición».
Rosales estaba acusado por hechos de corrupción y permaneció siete años prófugo de la justicia venezolana, regresó en el 2015 y un año después(2016) recibió casa por cárcel.
Electo en 2008, por tercera vez alcalde de Maracaibo (ya había ejercido el cargo desde 1995 a 1998, y luego de 1998 al 2002), apenas cinco meses después, se fugó del país al iniciarse un juicio en su contra por enriquecimiento ilícito y la posterior solicitud de privativa de libertad fueron el detonante para que el entonces alcalde huyera hasta Perú, donde se le concedió asilo político, sin embargo, en los últimos años transitó políticamente entre Panamá y Aruba.
Rosales fue imputado el 11 de diciembre de 2008 por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, como parte de un informe presentado por la Contraloría General de la República el 19 de julio de 2007, luego de una investigación realizada por esa institución entre los años 2002 y 2004 a la declaración jurada de patrimonio del entonces gobernador del Zulia.
El informe, remitido al Ministerio Público el 14 de agosto de 2007, concluyó que Rosales registró fondos que no pudo justificar ante el órgano contralor.
El exgobernador fue acusado el 19 marzo de 2009 y en ese mismo escrito, la Fiscalía 11ª nacional solicitó la medida privativa de libertad en su contra por la presunción de fuga.
.: «tengo valores y principios y por eso puedo mirar de frente al pueblo; lucharé contra este gobierno que no sirve»
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela)
