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En la nueva Ley de Precios Justos el cambio fundamental está en los años de prisión; en la norma derogada solo se aplicaba multas en Unidades Tributarias, ahora se incluyó años de prisión para aquellos que comercialicen alimentos y medicinas vencidas o productos de la canasta básica sobre el precio establecido por el Estado.
Ahora se impone una pena de 7 a 9 años de prisión si se venden alimentos y medicinas que estén vencidas y que por ende pongan en riesgo la vida o la salud de las personas, además de la multa de 500 a 10.000 UT.
Un punto a destacar y bastante polémico con la ley anterior es que ya no hay contrato de fiel cumplimiento, antes quien recibiera divisas del Estado debía firmar un contrato de fiel cumplimiento; así como la declaratoria de utilidad pública sobre los bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, entre otros, lo que permitía al Ejecutivo iniciar procesos de expropiación.
En esta nueva norma se establece el Sistema de Adecuación Continua de Precios, el cual se dio a conocer en agosto del 2014. En el capítulo IV se menciona el sistema, el ámbito de aplicación y el órgano rector. “Los precios de los bienes producidos, importados o comercializados y de los servicios prestados por los sujetos de aplicación, serán calculados de acuerdo con el Sistema de Adecuación Continua de Precios, el cual contará con los elementos técnicos, científicos y humanos que se requieran, cuya rectoría la ejercerá la Sundde.
Comprenderá la fijación de precios en la cadena de producción, distribución, importación, transporte y comercialización de bienes y servicios; función que será ejercida por la Sundde.
Ahora la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio- Económicos no podrá establecer los criterios para fijar los cánones de arrendamiento justos de locales comerciales, establecido en la anterior ley.
Dentro de sus competencias está que la Sundde será el encargado de fijar los criterios y normas para establecer el precio máximo de venta al público, del productor o importador y a nivel de distribuidor y del comercio al detal.
En las funciones de inspección y fiscalización expresa que la Sundde podrá imponer las sanciones a que haya lugar, al comprobar el cumplimiento o la infracción respecto a quienes se rijan por esta legislación.
En los requisitos para desempeñar el cargo de Superintendente, ahora se agregó como cuarto punto: poseer “reconocida solvencia moral”. Además, se establecen más funciones para éste. De 12 pasó a 17. Deberá ordenar los compromisos y pagos con cargo al Presupuesto de la Sundde; así como adquirir, pagar, custodiar y registrar los bienes asignados a la Superintendencia; también deberá dirigir las actividades relativas a los servicios de mantenimiento y transporte.
En torno a la norma, siguen las reacciones. La Alianza Nacional de Protección al Comerciante (Anprocom) llevará a cabo mesas técnicas por todo el país a fin de capacitar a comerciantes y empresarios sobre los ajustes que deben hacerse debido a la Reforma de la Ley.
Eduardo Rojas, director de Análisis Financiero de Anprocom, indicó que la Alianza está activada para orientar a los comerciantes y ayudarlos en los cambios pertinentes que deben realizar, marcajes de precios, cálculo de estructuras de costos, para evitar pagar por el incumplimiento de la norma.
Aseguró que uno de los aspectos a destacar es la definición de parámetros que no quedaban claros. “La nueva Ley nos ayudará a controlar la cadena de especulación porque ahora se determina el margen de ganancia de intermediación en 60%”.
Por su parte, Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, aseguró que “medidas de fuerza y represivas aplicadas a la economía no van a lograr otra cosa que el aceleramiento del deterioro, el fortalecimiento de los mercados negros y una caída de la producción nacional, porque la exacerbación de los controles solo provocan más distorsiones y espantan el ánimo inversionista”.
Aunque la esencia de la Ley de Precios Justos nueva es la misma que la anterior, combatir la especulación, se espera sea más productiva en cuanto a resultados. La sancionada en 2014, dejó como saldo un detenido por infringir la norma.
