Lester Toledo, dirigente nacional de Voluntad Popular y diputado al Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), informó que para esta semana la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) anunciará la fecha de la interpelación del gobernador Francisco Arias Cárdenas.
Informó que al conocerse el día, él mismo acudirá a la Residencia Oficial a entregarle la citación “y así no dirá que se extravió”.
Dijo, que ya que en el Clez, con mayoría oficialista, “no existe el interés de investigar, de debatir sobre la gestión de Arias Cárdenas (…) viendo que hay impunidad, acudí a la Asamblea Nacional porque no voy a permitir que este Gobierno regional se vaya liso, sin explicar qué hizo con los recursos”, afirmó en la visita que hizo, ayer a este rotativo.
“El gobernador dijo que estaba dispuesto a ir a la Asamblea, la comisión de Contraloría le pidió algunos recaudos y no los consignó (…). Dentro de siete meses se acaba este Gobierno regional y no hay forma de que Arias Cárdenas repita (…)”, recalcó.
“Tengo cinco meses haciendo las denuncias y nadie me las ha podido desmentir. En el Zulia, no hay ni un hospital, ni un ambulatorio, ni una escuela nueva, a pesar de que han manejado más de 129 mil millones de bolívares en cuatro años”, recordó.
Rechazó las acusaciones que vienen haciendo en su contra voceros del oficialismo en la región, quienes lo vinculan con los hechos de violencia que se registraron hace dos semanas en Maracaibo. “Me desmarco de esos hechos vandálicos, nuestra lucha es de día y sin capucha (…), es un guión, unos hablan de que recibo dinero del imperio y otros me vinculan con el paramilitarismo”.
Para Toledo, los señalamientos son retaliaciones por las investigaciones que, desde enero pasado, viene haciendo sobre la gestión del gobernador Arias Cárdenas tras presentar la solicitud a la comisión de Contraloría de la AN por la no culminación de seis obras: el Aula Magna de LUZ, el distribuidor del kilómetro 4, el complejo polideportivo Sierra Maestra, el Museo de los Niños, el oncológico del General del Sur y el de Cabimas que “fueron presupuestadas, canceladas, más no ejecutadas”.
“Pretenden que sea el chivo expiatorio del Zulia. No tienen pruebas, ni para montarme una olla”, aseguró el legislador, quien alertó que ha recibido amenazas de muerte.
