La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, presenta este viernes 24 de marzo el informe final de la comisión por la Justicia y la Verdad, sobre los sucesos políticos, económicos y sociales ocurridos en el período 1958-1998.
La presentación se hizo desde el Teatro Principal de Caracas. Declaró que la comisión, nacida una vez culminado esos gobiernos, determinó que en esos años 10.071 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos.
“El objetivo de este acto es presentar al país el informe final de la comisión por la Justicia y la Verdad y con ello dar a conocer la violación sistemática de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, ocurridos en ese período, 1958-1998. La finalidad es difundir y dejar registro de todo el proceso político, económico y social que se vivió en esos años y así comprender la gravedad de las circunstancias que rodearon las causas y consecuencias del terrorismo de estado que se vivió durante en esos años», expresó Ortega Díaz.
Destacó que una las premisas que reunió al equipo de investigadores es que se mantenga viva la memoria histórica del pueblo para recordar cómo se movilizó la sociedad en aquellos momentos para que su voz fuera escuchada y cuáles fueron las respuestas represivas de los gobiernos de turno.
La fiscal sostuvo que el informe “es una respuesta a las violaciones de los derechos humanos en que incurrió el Estado contra las personas que asumieron la defensa de los derechos del pueblo venezolano luego del 23 de enero de 1958″.
«Durante esa época, 1958-1998, el asesinato, la tortura y la desaparición eran parte de una política del Estado con el que se pretendió derrotar las legítimas luchas sociales del pueblo. Bajo esas políticas de persecución, sobre toda la disidencia política, se crearon en todo el país, aquellas crueles estructuras, los teatros de operaciones que eran centros de tortura y muerte de campesinos, estudiantes, obreros, poetas, mujeres y líderes políticos a quienes se le atribuía el delito de luchar por su derecho a la tierra, a la huelga, a la educación, que fueron criminalizados por esos gobiernos”, mencionó.
Detalló la existencia de 20 campamentos técnicos destinados a la tortura durante esa época y gracias a la comisión se logró acceder a documentos clasificados como secretos, contenidos en archivos policiales y militares, los cuales fueron digitalizados y sometidos a un proceso estadístico.
«Como resultado de la investigación llevada a cabo por esta comisión, se determinó que hubo violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad durante los años de 1958 a 1998. Se identificaron a muchos de los represores materiales así como también las líneas de mando bajo las cuales se presume que actuaron. Contra ellos, el Ministerio Público ejerció las acciones penales correspondientes», subrayó Ortega Díaz.
Puntualizó que en ese período, los cuerpos de seguridad se caracterizaron por la arbitrariedad, la siembra de pruebas, allanamientos sin órdenes judiciales y detenciones sin fórmula de juicio. «Era un delito preguntar por un familiar preso porque también lo dejaban detenido», comentó.
También prevalecieron la «perversa práctica» del allanamiento a la inmunidad parlamentaria y procesar a civiles en tribunales militares.
«Durante la vigencia de esta comisión se recibieron 1.387 denuncias, una sola denuncia reportaba la desaparición o la muerte de otras personas. Se examinaron 16.630 expedientes, investigando a más 16 mil nombres de víctimas de los archivos policiales y militares de dicho período. Logramos precisar la identidad de 10.071 víctimas, muertos, desaparecidos, en esa etapa oprobiosa (…) 1.425 fueron asesinadas directamente, 459 sufrieron desapariciones forzadas. Se logró la ubicación y exhumación de restos de 19 personas desaparecidas, 14 fueron entregados en actos públicos a sus familiares».
«En Venezuela no hay pena de muerte, no podemos repetir esa cultura de la cuarta república», enfatizó la Fiscal en el auditorio del teatro.
Durante la actividad, Ortega Díaz anunció la creación de la Fiscalía 94° Nacional con competencia en Protección de Derechos Fundamentales.
Propuso la creación de un Museo de la Memoria Histórica que muestre la verdad que se vivió durante esa época.
“Tenemos la obligación de reconocer que los hechos narrados en este informe son parte del lamentable episodio de nuestra historia que no podemos borrar, por el contrario, debemos mantenerlo más vivo y tener conciencia de lo que ocurrió y entender la necesidad de respetar las diferencias, entender que todos somos veenzolanos y que una de las formas de lograr la paz es el respeto y la tolerancia y sobre todo de las garantías de los derechos constitucionales, es la única forma para que este tipo de hechos nunca más vuelvan a ocurrir en Venezuela”, concluyó la Fiscal General.
