La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó la tarde de este martes 11 de julio que el antejuicio de mérito solicitado en su contra ante el TSJ por el diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, “ya perdió toda su formalidad”.
«Ese proceso ya perdió toda formalidad, ese antejuicio, porque comienza como un antejuicio por unas supuestas faltas graves, done no hay delito, sin embargo, me ejecutan acciones que implican persecusión penal. Cuando a uno le congelan cuentas, le prohíben salir del país, le prohíben vender bienes, son actos de persecusión penal (…)», expresó durante una entrevista en Unión Radio con el periodista Vladimir Villegas.
«Además de todas las irregularidades, unos magistrados que recusé porque, a criterio de la procesada, ellos no son objetivos, no son imparciales en la decisión porque esos son los mismos magistrados ilegítimos que yo impugné. Es más, a muchos de ellos les pedí un antejuicio de mérito, ¿tú crees que ellos van a ser objetivos para decidir cualquier hecho que se les someta a su consideración que esté relacionado conmigo?Indudablemente no hay objetividad», sostuvo Ortega Díaz.
El diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, presentó este martes 4 de julio, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los argumentos que respaldan el antejuicio de mérito, solicitado el pasado 13 de junio contra la Fiscal Luisa Ortega Díaz, en el que pide sea evaluada sus «manifestaciones de insania mental».
Pidió además que se le hiciese para avalar las pruebas que introdujo, especialmente dedicada a evaluar la firma de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en las actas de las sesiones del Consejo Moral Republicano.
Ante esto, Ortega Díaz expresó: «Yo siempre señalé que esa sesión del Consejo Moral Republicano no se realizó y que, por supuesto, no se realizó, yo no estuve allí. Eso se demuestra en el acta de la sesión, la sesión del 16 de diciembre de 2015 (…) Ahí se observa que ni siquiera el Defensor firmó, solamente firmó el contralor (…) Lo cierto es que esa sesión no se realizó, yo no fui y yo no firmé».
«La experticia que ordenaron es sobre un documento de una sesión que se realizó en enero de 2016, el 21, esa sí se hizo y yo firmé, yo no estoy negando esa firma. Mal puede pedirse una prueba grafotécnica sobre una firma que no está en duda. Yo estoy diciendo que firmé esa acta (…) Es inoficiosa e impertinente, como se dice en Derecho, para qué tú vas a hacer una prueba grafotécnica si efectivamente esa es mi firma (…) El tiempo que están gastando, el dinero que están gastando en hacer esa prueba, deberían utilizarlo más bien para realizar experticias de asuntos que sí requieren mayor atención».
«¿Dónde está el acta donde se seleccionaron los magistrados? Eso es lo que hay que buscar, dónde está el acta donde se seleccionaron los magistrados. Esta acta de enero, que ya estaban en funciones los magistrados, no es pertinente», enfatizó.
«Eso es precisamente lo que la población reclama, que quiere que sus dirigentes sean transparentes y digan la verdad, no es que digan una cosa hoy y mañana digan otra cosa. Hay como una subestimación, como un insulto a la inteligencia de las personas. Como un desprecio a la colectividad, al decirle hoy una cosa, mañana otra, y se miente. El pueblo de Venezuela merece respeto, el pueblo merece que se le diga la verdad y se le sostenga siempre la verdad», señaló Ortega Díaz.
La Fiscal se pronunció sobre los rumores que circularon en días pasados sobre una posible orden de detención en su contra: “Hay grupos que se encargan de lanzar esas informaciones falsas, pero yo no descarto eso”.
Al ser consultada sobre si ese escenario le quita el sueño, respondió: “Para nada, a mí me quita el sueño el trabajo en el Ministerio Público, darle respuesta a la colectividad, atención oportuna, justicia, acceso a la justicia, todas esas cosas son las que me quitan el sueño, atender a las personas, que haya satisfacción en el trabajo que ofrece el Ministerio Público”.
«Todo es posible, hasta que me pidan una orden de captura, lo máximo que me pueden hacer es que me maten, que lo hagan (…) Si me piden una privativa de libertad, bueno, si me captura, ni modo, qué puedo hacer frente a esta situación tan irregular que está viviendo el país, tan anormal, tan insegura, y esto que le está pasando a la Fiscal General es una muestra de lo que le está pasando allá abajo a toda la población y es lo que la población resiente y es lo que quisiera no siguiera pasando».
Enfatizó en la importancia de «darle un alto» a las situaciones violentas en el país y sentarse a dialogar tanto la oposición como el oficialismo: «Hay que darle un alto a todo esto, hay que sentarnos, todos, a entender que lo que está pasando es grave, es delicado y que puede llevarnos a situaciones peores (…)».
«Ojalá pudiera tener una reunión franca con el Presidente, con el presidente del TSJ también, claro que sí, es que eso es lo que hace falta (…) Ojalá yo pudiera convertirme en un factor para el diálogo en este país, para el entendimiento en este país (…) Si la solución de estos conflictos pasa por que yo no esté en el Ministerio Público, también estoy dispuesta a hacerlo, si la solución de este país pasa por que yo esté privada de libertad, yo estoy dispuesta a hacerlo, yo quiero que el país entienda que lo que quiero es la felicidad para el pueblo de Venezuela, que esta situación de violencia se resuelva y prontamente». sostuvo la Fiscal
Reiteró su rechazó a la Asamblea Nacional Constituyente y espera que no haya disturbios el día de la elección de los constituyentistas, el 30 de julio: «Ojalá que no (…) Yo no estoy de acuerdo con la Constituyente. No quisiera ningún acto de violencia en este país, quisiera que todas las cosas fueran resueltas por la vía constitucional y legal, por la vía del diálogo, por la vía de la manifestación de nuestro sentir y de nuestro querer y que el otro lo respete».
Ante el plebiscito convocado por la oposición, manifestó que las consultas están previstas en la Constitución, «lo que estas consultas no pueden traer consigo enfrentamientos, tienen que traer propuestas, propuestas ajustadas a la Constitución».
El pasado 7 de julio, la vicefiscal Katherine Harrington ingresó al Ministerio Público en la avenida Urdaneta, de Caracas, dentro del maletero de un vehículo. El día anterior, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, impidió su ingreso, calificándolo de “arbitrario”. Harrington fue designada por el Tribunal Supremo de Justicia.
«Claro, estamos revisándola ahora (las maletas). También estamos revisando al personal porque estos eventos no ocurren si no hay una complicidad interna, se están tomando todas las medidas y existían algunas medidas», manifestó sobre lo sucedido.
Más temprano, la fiscal expresó a una radio argentina que se mantendrá en su cargo «para defender la democracia» y que desconocerá toda decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre su eventual destitución como chavista crítica del presidente Nicolás Maduro.
«Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia», dijo Ortega Díaz en una entrevista a la emisora Radio Con Vos.
La fiscal venezolana calificó de «ilegítimos» a los magistrados que tienen a cargo su proceso y aseguró que desconocerá «cualquier decisión» que tome ese tribunal.
«Me han tratado como si hubiera cometido un delito», apuntó.
La fiscal, confesa chavista que rompió con el gobierno de Maduro hace tres meses al denunciar un quiebre constitucional en Venezuela, está enfrentando un proceso por parte Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país.
Ortega denunció como «una ruptura del orden constitucional» la luego revertida decisión a fines de marzo del TSJ de asumir las atribuciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición al chavismo. En desarrollo.
