Política y Economía

Estudiantes opositores entregaron comunicado a trabajadores de Venezolana de Televisión

Este viernes 2 de junio, un grupo de estudiantes opositores entregaron un comunicado a la directiva de Venezolana de Televisión, donde denuncian la censura en los medios de comunicación, al no informar sobre la violencia presentada durante las protestas contra el presidente Nicolás Maduro.

Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios, publicó por su Twitter “¡Llegamos! Si VTV no va a buscar la verdad, vendremos a traérsela las veces que sea necesario”.

 

Pasadas la 1:00 de la tarde de este viernes 2 de junio partió la marcha de la oposición que tiene como punto de llegada la sede estatal de Venezolana de Televisión (VTV).

«Ya estamos marchando hacia VTV para exigir que escuchen al país y transmitan la verdad», dijo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional desde su cuenta en Twitter.

Guevara también señaló que «el sistema Bolivariano de Información y VTV, callan lo que el pueblo tiene que saber. Pintan un país Narnia, mientras a la gente la matan, se muere en hospitales o come basura. En el mundo, personas que usaron un medio del Estado para incentivar el odio terminan presas. A quienes deciden en canales del Estado no pueden hundirse con Maduro y engañar al pueblo».

La diputada de la Asamblea Nacional por la MUD, Gaby Arellanos, afirmó que «caminamos hasta VTV para que lentes y micrófonos transmitan lo que está pasando en Venezuela».

Estudiantes de oposición también acompañan la marcha. La presidenta de la Federacion de Centros Universitarios, FCU-UCV, Rafaela Requesens, afirmó que «el gobierno está asesinando al pueblo. Ellos nos llaman violentos y lo que tenemos son las manos en alto. Ya más que hablar de represión tenemos ataque y seguimiento de quienes queremos un cambio. En cualquier momento nos pueden llevar presos, la bala o metra puede tener nuestro nombre».

Requesens también indicó que «el gobierno es minoría, mayoría somos quienes salimos en Caracas y en el resto del país a exigir libertad. El tiempo le está llegando a Nicolás Maduro, es ahora o nunca».

La oposición venezolana retoma el viernes las protestas con una marcha en el este de Caracas mientras el gobierno sigue adelante con el proceso para reformar la constitución en medio de las críticas cada vez más crecientes de disidentes del oficialismo.

Decenas de guardias nacionales, con el apoyo de camiones antimotines, tomaron desde el amanecer los alrededores de VTV y bloquearon los accesos a la televisora.

Horas antes del inicio de la movilización, decenas de habitantes bloquearon con barricadas de basura y escombros algunas vías de la populosa barriada pobre de La Vega, al oeste de la ciudad, en protesta contra el gobierno ante la severa escasez de alimentos, dijo a The Associated Press el concejal opositor Jesús Armas. Miembros de la policía nacional lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y levantar las barricadas.

Desde que se iniciaron las protestas a fines de marzo no se ha dado ningún tipo de acercamiento entre el gobierno y la oposición, que exige la realización de elecciones generales, la apertura de un canal humanitario, la liberación de los presos políticos, el desarme de los grupos paramilitares y el respeto a la Asamblea Nacional.

Las manifestaciones han dejado al menos 62 muertos, más de 1.100 heridos y varios centenares de detenidos.

El presidente Nicolás Maduro anunció la noche del jueves que unas 30.000 personas se han inscrito como candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente, entre ellos el vicepresidente del partido oficialista, diputado Diosdado Cabello; la canciller Delcy Rodríguez, la primera dama y diputada Cilia Flores y otros funcionarios. La elección de los 545 miembros de la Asamblea se realizará en julio.

Maduro llamó a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que determinó que no hacía falta realizar un referendo para convocar a la Asamblea Constituyente.

El mandatario hizo la declaración horas después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz cuestionara la sentencia del máximo tribunal y dijera que representaba un «retroceso» en derechos humanos porque no permitía la consulta popular para convocar al proceso constituyente, tal como se hizo en 1999.

Ortega Díaz, quien en el pasado fue vinculada al oficialismo, pidió al Tribunal Supremo que aclare si «perdió vigencia la democracia participativa y protagónica», que impulsó Chávez.

Por otra parte, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, anunció que abrirá una investigación al grupo financiero japonés Nomura por adquirir bonos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por 100 millones de dólares con un importante descuesto.

El presidente del Congreso, Julio Borges, envió una misiva al jefe de Nomura en la que le expresó que la transacción viola su código de ética y sostuvo que los recursos que obtendrá el gobierno con los títulos de deuda se emplearán para la compra de instrumentos de guerra contra las manifestaciones.

Los congresistas también abrieron una investigación por la compra que hizo la banca estadounidense Goldman Sachs de bonos de PDVSA por 2.800 millones de dólares. La Asamblea Nacional pidió al Congreso de Estados Unidos investigar esa transacción.

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