El trabajo conjunto, acuerdos e incluso diálogo luce a kilómetros de lograrse entre el Gobierno y la Asamblea Nacional. Con apenas dos días de haber tomado el timón del Poder Legislativo, la oposición retó al resto de los poderes al juramentar a los tres legisladores sobre los cuales pesa un proceso de impugnación en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ante lo que el Ejecutivo respondió pidiendo al mismo tribunal que se desconozcan las decisiones del Legislativo.
Esta acción tomada por la directiva del Parlamento en la primera sesión, encabezada por Henry Ramos Allup, encendió las alarmas de los socialistas. En pleno juramento, gran parte de los diputados de este bloque se agrupaban en torno a Diosdado Cabello, principal dirigente del Psuv, para conversar sobre posibles pasos a seguir.
Esto generó la salida intempestiva de Cabello del Hemiciclo, quien a sus puertas aseguró a los medios que esto traería la nulidad de este Parlamento, asegurando además que las leyes que elabore “no saldrán en gaceta ni tampoco se les aprobará ningún recurso”.
Consideración en la que coincidió su colega de bancada, Pedro Carreño y que ratificó al acudir a la Sala Constitucional del TSJ, junto a su compañeros de bancada el jueves, para introducir tres documentos con el objetivo de que el principal tribunal del país le haga un llamado a la “mesura, a la sindéresis, a la ponderación a esta junta directiva que ha demostrado que va a desconocer las instituciones, el estado de derecho y las leyes de la República”.
La oposición aunque juramentó a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, todos por el estado Amazonas, “se cuidó las espaldas”, ya que los tres no han iniciado sus funciones en la AN, al abstenerse de votar en la plenaria.
El abogado constitucionalista Herman Escarrá explicó a PANORAMA que lo hecho por la oposición es denominado en derecho como “contumacia y rebeldía” al desatender una sentencia del TSJ; no obstante, la misma solo generará nulidad del acto, en caso de participar los tres juramentados. “Se vicia de nulidad cualquier acto en el que ellos actúen”, explica.
En el tema de los recursos, como el de la publicación o no en la Gaceta Oficial, refiere directamente a la Constitución, “incluso establece que si el Presidente no lo hace” (firmar la ley para ser publicada en Gaceta) lo puede hacer el presidente y los vicepresidentes de la AN”.
“Ante una sentencia del TSJ al juramentarlos e incorporarlos, su conducta vicia de nulidad todos los actos donde ellos participen, el acto de juramentación es una manifestación de contumacia y rebeldía frente a una sentencia del TSJ, puede estar de acuerdo o no con su contenido, pero es una medida provisional porque es una medida cautelar”. Escarrá manifiesta que este conflicto de poderes “es impropio en el momento en que el país quiere paz y sobre todo resolver los problemas que aquejan a la nación, las partes deberían iniciar un diálogo político, en el único marco y escenario posible en el que pueden encontrarse todos los venezolanos, la Constitución, ahí están las reglas. Es a partir de allí que el diálogo puede ser constructivo independientemente de las diferencias”.
En relación con los recursos mencionados por Cabello y Carreño, la Constitución establece en su artículo 187, numeral 22, que a la AN le corresponde: “Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las limitaciones financieras del país”.
Y la confrontación de las instituciones no asoma sino tendencias a agudizarse: ayer, la oposición rechazó la demanda de nulidad que de las decisiones legislativas que pidió el Psuv.
Con ambos poderes radicalizados, el único punto de encuentro es el bienestar colectivo del país, considera Gabriel Reyes, analista político, quien sostiene que la problemática actual solo podrá ser dirimida sobre la base de la definición de un espacio de entendimiento común. “Ambos poderes responden a intereses particulares, no necesariamente ajenos a los intereses nacionales, solamente en el momento en el que ambos poderes concilien su visión de país fundamentado en la Constitución, será posible visualizar alguna salida que permita la coexistencia y la convivencia entre ambos poderes”, explica.
En este sentido, sostiene que con las atribuciones contraloras y auditoras del Poder Legislativo sobre la gestión del Gobierno, el Estado está obligado a conciliar de una manera racional ya que es inevitable que el poder Ejecutivo rinda cuentas sobre su gestión.
“La oposición venía logrando una cercanía con los militares, eso se vino al suelo, ese retroceso es un punto crítico”, afirmó a la AFP el politólogo Ricardo Sucre, al agregar que “pareciera que el juego se va a trancar, pero esto puede llevar a una relación tensa con reglas para dialogar. El jaque mate todavía no lo veo”.
Mientras, la analista político Mercedes Pulido es optimista: “El espíritu de sobrevivencia es muy fuerte y se impondrá. El choque va a presionar un entendimiento”, dijo a la AFP.
En el plano internacional, el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, pidió “darle respiro” a las instituciones. A través de su cuenta en Twitter indicó: “Démosle respiro a las instituciones venezolanas para que funcionen con plena autonomía como en toda democracia”.
