“Lo que hemos iniciado en Venezuela es un punto de partida hacia una nueva época de debate político nacional”, así lo expresó, la mañana de este miércoles 2 de noviembre, el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, en el marco del diálogo iniciado entre el Gobierno y la oposición, con el objetivo de atender la crisis que enfrenta el país.
El domingo 30 de octubre, delegaciones del Gobierno del presidente de Nicolás Maduro y de la Mesa de la Unidad Democrática, tuvieron , con el acompañamiento del Vaticano, donde se fijaron mesas de trabajo en torno a una segunda reunión, programada para el próximo 11 de noviembre.
El Aissami hizo un reconocimiento a la oposición porque “por fin asumieron una posición democrática, tú puedes tener cualquier postura política, lo que no puedes es negarte al debate político, al diálogo (…) El diálogo político no puede verse como una excepción, debe ser un elemento permanente de una democracia”, manifestó en una entrevista desde Globovisión.
“El Vaticano, la Unasur y los expresidentes son acompañantes del diálogo político que se ha iniciado a solicitud del presidente Nicolás Maduro. No son mediadores, son acompañantes de un proceso de debate de un sector político con la oposición. Es fundamental reconocer que hemos logrado un hecho histórico que es preservar la paz del país, es un hecho trascendental”, enfatizó el gobernador.
La suspensión de la marcha opositora hacia Miraflores “había que hacerlo, era un llamado irresponsable (…) Cuando se hizo en 2002, ¿en qué terminó la marcha hacia Miraflores? Terminó en un golpe de Estado”.
Existe el derecho a la libre protesta y el derecho al libre tránsito, afirmó, “pero también la Constitución y la leyes orgánicas prevén zonas de seguridad y el Palacio de Miraflores y sus alrededores son zonas de seguridad previstas en las leyes (…) Así como ellos (oposición) tienen derecho a protestar, nosotros tenemos el derecho a defender nuestro gobierno y a defender nuestro proyecto político, son dos derechos encontrados y debe privar el respeto a quien ejerce funciones de gobierno”.
«Es fundamental reconocer que hemos logrado un hecho histórico que es preservar la paz del país, en segundo lugar, hemos logrado que sectores de la oposición venezolana de nuevo se encarrilen dentro del marco constitucional y respeten esta Constitución (…) Logramos aislar a sectores violentos con agendas que son agendas terroristas, agendas que iban en contra de la estabilidad política y la paz de la Nación. Logramos que triunfara la paz, que la oposición reconociera la Constitución y se enmarcara en una agenda política constitucional», reiteró.
Sobre la , entre ellos Carlos Melo, Marco Trejo, Andrés Moreno y Ángel Coromoto Rodríguez, El Aissami señaló que para la oposición, “toda aquella persona que haya cometido hechos delictivos y que hayan sido debidamente puestos a la orden de la justicia son perseguidos. Ellos nunca asumen responsabilidades públicas, con entereza, tampoco asumen que se trata de personas que en algún momento cometieron delitos”.
“La justicia actúa por su lado como un poder independiente (…) Esto poco se sabe, quizás porque hemos asumido una actitud muy constitucional, pero nosotros protestamos la decisión del Consejo Nacional Electoral de haber, en su momento, convocado la recolección de las firmas del 20%, cuando a sabiendas de que el CNE tenía elementos suficientes para detener el proceso y ordenar la rectificación del fraude que se había cometido, luego nosotros protestamos ante el CNE, no nos favoreció su respuesta institucional, no convocamos al país a incendiarlo ni mucho menos acabar con Venezuela, fuimos por la vía judicial y felizmente el Poder Judicial admitió y ratificó todas las pruebas que nosotros presentamos del fraude electoral”, explicó.
El pasado 20 de octubre, quedó suspendida la de firmas necesarias para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, promovido por la oposición, luego de que tribunales penales de los estados Carabobo, Aragua, Apure, Monagas y Bolívar anularon la recolección del 1% de las firmas en cada estado.
Ante esta decisión, el gobernador de Aragua recalcó que el fraude “es un delito de naturaleza penal, aún cuando se haya cometido en el marco de una acción electoral, eso es básico en derecho, no se necesitan interpretaciones constitucionalistas. El fraude es un delito y está sancionado en el Código Penal Venezolano, en consecuencia debe conocer los tribunales penales del país”.
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