El decreto de “estado de emergencia económica” con rango constitucional y anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se publicó ayer en Gaceta Oficial Extraordinaria, y regirá por un lapso de 60 días para atender la crisis que actualmente atraviesa el país.
“Se declara el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional de conformidad con la Constitución de la República (…) , por un lapso de sesenta días (60)”, y podría ser prorrogable por igual lapso, establece la normativa que incluyó 10 artículos con los términos de la medida.
Ayer mismo, el ministro de Economía Luis Salas hizo lectura de algunos aspectos del Decreto y pidió al pueblo “la mayor tranquilidad”. “Son medidas que están tomadas para proteger al pueblo y no en contra del pueblo, se busca ayudar a mitigar los efectos de la inflación inducida, la especulación y el valor ficticio de la divisas”.
Salas se refirió al artículo 4 del decreto que trajo mucha polémica, ayer, en las redes sociales porque allí el Gobierno plantea “establecer límites máximos de ingreso y egreso de la moneda” en efectivo.
El ministro indicó que se busca “es proteger la moneda nacional” y leyó que “los ministerios con competencia en materia económica y finanzas coordinarán con el BCV a fin de establecer límites máximos de ingresos y egresos de la moneda venezolana, así como restricciones a ciertas operaciones y transacciones comerciales y financieras, a fin de proteger la economía nacional”.
Otra medida que no pasó inadvertida fueel noveno apartado del artículo 2 que le daría poder al Ejecutivo para “requerir de las personas naturales, jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y mercancía que resulte necesario para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a las venezolanas y los venezolanos, así como a otros bienes de primera necesidad”.
Ese aspecto enfrentó opiniones de economistas. El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León sostuvo que hay la intención de “intervenciones a empresas, inventarios y bienes privados con la ‘motivación’ de garantizar abastecimiento”.
Sin embargo, el economista y exministro de Industrias, Víctor Álvarez explicó que no se refiere a una “expropiación en rigor” porque “es temporal”. “El Gobierno puede hacer uso de los medios de transporte, canales de distribución (…) durante el tiempo que dure el decreto, hay que dejarlo claro para no alarmar sin necesidad”.
“Lo que creo es que el Gobierno estuvo acostumbrado a gobernar sin mayores controles de la AN y con este Decreto el Gobierno encontró la vía para darse una Ley Habilitante en vista de que tiene un AN en contra”, agregó Álvarez.
La emergencia económica decretada por Maduro se califica como “un estado de excepción” previsto en la Constitución, pero que salva las garantías referidas a los “derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso (…)”.
Pero su aprobación dependerá de la AN. Así que dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado se debe presentar al Parlamento o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del TSJ, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.
El hecho de que haya aparecido en Gaceta Oficial no significa que esté aprobado. Ayer, el diputado Diosdado Cabello expresó que “muy difícilmente” la oposición de luz verde la “emergencia económica porque ellos son los generadores de la guerra económica”.
Ante el anuncio del Decreto, Fedecamáras también activó su discusión y se reunió para analizar las medidas presentadas. Será el próximo martes cuando el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz detalle todo el plan ante el Poder Legislativo.
