La Asamblea Nacional aprobó, ayer, un acuerdo de rechazo a la sentencia N° 9 del 1 de marzo, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que limita sus funciones contraloras sobre las instituciones públicas del Estado. En este se solicita la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Previo al debate, la bancada del Psuv, en la voz del diputado Pedro Carreño, manifestó su negativa a a participar en el debate, “en el entendido de que el Bloque de la Patria no va participar en un debate contrario, solicitamos que prime la mesura, la ponderación, el raciocinio y el buen criterio de esta cámara para que sea excluido este punto para que la Asamblea Nacional no siga entrometiéndose, arremetiendo contra un poder cuyo pecado es llevar el control democrático”.
Pese a la aprobación del texto por la bancada de la MUD, estiman que “será difícil de activar”.
“Es un recurso internacional, porque consideramos que los tratados y pactos suscritos por Venezuela atinentes a estas materias denunciadas han sido violadas por Venezuela, por supuesto que es un mecanismo difícil de activar, se solicita a sabiendas de que es difícil activar porque eso requiere, con pequeñas objeciones que haya, por ejemplo en los países del Caricom eso se para en seco, pero se hace la diligencia porque es necesario ir completando el expediente nacional e internacional de los abusos que se están cometiendo en Venezuela contra el estado de derecho, independientemente de que sean eficaces o no, lo sabemos”, dijo el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, a los medios de comunicación, a su salida.
Ramos cerró las intervenciones de la oposición. Aseguró que la sentencia es “invalida, inexistente, no vinculante”, pues la Ley Orgánica del TSJ establece en su artículo 40 que la sentencia debe estar firmada por las dos terceras partes de los miembros de la Sala Constitucional, “es decir, por cinco de los siete magistrados y la sentencia fue firmada por solo cuatro magistrados”.
Los diputados Héctor Rodríguez, Pedro Carreño y Edwin Rojas manifestaron a los medios, que “es inconstitucional debatir una sentencia del TSJ en la Asamblea”. La propuesta del debate la hizo el diputado Omar Barboza (MUD), quien planteó en nombre de la Unidad un proyecto de acuerdo que busca defender los valores democráticos, “sin que quede duda de que la AN es el poder público más legitimado recientemente por el voto popular”. El acuerdo señala que el TSJ pretende desconocer la votación popular y cercenar poderes establecidos, por lo cual solicita la consideración de la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana ante la violación del mandato popular.
A juicio de Barboza, “toda esta estrategia tiene como objetivo garantizar la impunidad de quienes están incursos en corrupción”, agregó Barboza.
Durante el debate también se habló sobre la salida del Gobierno. Freddy Guevara —quien dijo que los magistrados venezolanos “son comparables a los jueces del horror de la Alemania nazi”— mencionó la aplicación del artículo 350 de la Constitución de ser necesario, mientras que Ramos indicó que activarán los mecanismos “a nuestro alcance y no vamos a tomar decisiones cupulares, sino que vamos a consultar con la gente que nos eligió”.
Al respecto, Francisco Torrealba, respondió que la oposición “pasa por encima de las leyes, como si ellos con esa AN pudieran hacer lo que les da la gana, así pretenden no solo desconocer las decisiones del TSJ, sino los además poderes y el marco legal venezolano”. Más temprano, el secretario general de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, dijo que se decidió recurrir de forma simultánea a la vía de la enmienda constitucional, el referendo revocatorio y la renuncia para adelantar el cese del mandato del presidente Maduro.
