William Castillo pide revisar la Ley Resorte y Telecomunicaciones

William Castillo planteó este jueves 1 de octubre que la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, conocida como Ley Resorte, y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones necesitan una revisión, al considerar que el panorama comunicacional mundial cambió desde su aprobación.

Las normas comunicacionales bajo revisión

En una entrevista para VTV, Castillo explicó que no se trata de una sola ley, sino de temas que pueden resolverse por vías distintas. Señaló que algunas materias requieren medidas administrativas y otras, reformas legislativas.

La Ley Resorte está vigente desde el 7 de diciembre de 2004 y fue reformada en diciembre de 2010 para extender sus alcances a los medios electrónicos. Su texto faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a abrir procedimientos administrativos contra los proveedores de internet.

El gremio periodístico ha pedido cambios en esa norma desde antes. En marzo de este año, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa solicitó reformarla para evitar ambigüedades e interpretaciones que resulten convenientes para quienes deciden, y rechazó que se mantengan bloqueados medios digitales sin investigaciones abiertas en los tribunales.

El debate sobre la Ley contra el Odio

Castillo también se refirió a la Ley contra el Odio y cuestionó los artículos 12 y 13. A su juicio, no hay razón para darles una categorización penal adicional si ya existen procesos administrativos para sancionar los llamados al odio o a la desestabilización.

Sus declaraciones se producen después de la carta que Delcy Rodríguez envió a la Asamblea Nacional, fechada el 28 de septiembre, para solicitar con urgencia la reforma parcial de esa norma. El martes 29 reconoció que “se hizo un uso abusivo” de la ley, y ese mismo día el Parlamento designó una comisión especial, presidida por Pedro Infante, para redactar el proyecto.

La Ley Constitucional contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente y prevé penas de entre 10 y 20 años de prisión. Además, permite revocar licencias de emisión y bloquear páginas web. La ONG Espacio Público ha documentado más de 120 casos de aplicación entre 2017 y 2024.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa advirtió esta semana que eliminar las penas de cárcel sería un avance, pero insuficiente si se mantienen disposiciones que permiten revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos.