En Venezuela, una secuencia de movimientos entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre volvió a poner la transición en el centro: María Corina Machado regresó al país tras casi diez meses fuera, Delcy Rodríguez nombró a Oliver Blanco como canciller y, cuatro días después, Marco Rubio lo recibió en Washington.
La lectura más extendida entre los analistas citados es que el proceso no se define solo dentro de Venezuela. Según Eugenio Martínez, Estados Unidos promueve y tutela los diálogos entre el gobierno y la oposición, y también terminará actuando como garante de los acuerdos que surjan. En ese esquema, el peso de la política interna estadounidense también cuenta.
El Congreso mira a Venezuela, pero no manda el proceso
Martínez sostiene que el Congreso de Estados Unidos no tiene facultades para cambiar la política exterior, aunque sí puede empujar exigencias de transparencia. En su visión, Venezuela será parte de las demandas del nuevo Congreso, pero no necesariamente el centro de su agenda.
Entre las prioridades ya anunciadas por Robert García figura la supervisión de casos como el enriquecimiento de la familia Trump, los abusos del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la corrupción corporativa y los archivos Epstein. El tema venezolano quedaría dentro de ese marco más amplio de control político.
La directora del programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Laura Dib, también prevé que el Congreso reclame rendiciones de cuentas sobre los acuerdos petroleros y mineros entre Estados Unidos y Venezuela. En un hilo publicado en su cuenta en X, apuntó además la necesidad de más transparencia sobre la auditoría que habría hecho KPMG a la cuenta del Tesoro estadounidense sobre los ingresos petroleros venezolanos que maneja Washington, así como sobre las operaciones militares conjuntas en los estados Apure y Bolívar y los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe.
Dib advirtió, en ese mismo hilo, que una mayor tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo podría desplazar el foco hacia los asuntos domésticos y hacer que Venezuela pierda prioridad.
Elecciones, reformas y una ruta todavía abierta
Rubio dijo que los comicios deberían celebrarse “idealmente” en 2027. Pero para llegar allí con formalidades legales, aún hacen falta reformas en los poderes judicial y electoral. La renovación del Tribunal Supremo de Justicia ya está en marcha, mientras que para el Consejo Nacional Electoral se espera una convocatoria en las próximas semanas.
Rubio también aseguró que se necesita un nuevo consejo electoral de naturaleza administrativa y no política. En la misma línea, dijo que “tenemos buenos avances” y que solo falta cumplir los plazos para que, una vez instalado ese organismo, estén reunidos los elementos necesarios.
Blanco, por su parte, evitó poner fecha a las elecciones, pero aseguró que garantizarán la participación de todas las fuerzas políticas. El asunto no es menor: en los últimos años, el chavismo ha inhabilitado a dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado en los comicios de 2024.
Ese punto forma parte de la mesa de garantías políticas que, bajo liderazgo de la Casa Blanca, negocia la transición entre el chavismo y la oposición.
Los analistas consultados creen que unas elecciones podrían organizarse en un plazo no mayor a dos meses si se tramitan las reformas judiciales y electorales. Martínez, sin embargo, advierte que cualquier discusión adicional retrasaría el proceso. “Es imposible que el primer proceso electoral de la transición en Venezuela resuelva todas las omisiones de las últimas dos décadas”, dijo.
Machado, Blanco y la señal de una negociación en marcha
Para Carmen Beatriz Fernández, la presencia de Oliver Blanco admite dos lecturas: la de un operador entre dos sistemas y la de un nombramiento influido por el Departamento de Estado. Martínez, en cambio, subraya que Blanco ganó visibilidad por sus vínculos con un sector de la oposición y luego se fue acercando al entorno de Delcy y Jorge Rodríguez.
Sobre el regreso de Machado, Fernández afirma que no habría podido volver sin una conversación en marcha. Martínez matiza ese alcance y sostiene que ni la oposición ni Machado controlan por sí solos los tiempos de la negociación, que están en manos de la Casa Blanca.
Fernández añade que Delcy y Jorge Rodríguez apuestan por una mejora económica que les dé un mínimo de legitimidad, mientras Machado enfrenta el reto de sostener su liderazgo sin un cronograma electoral claro ni posibilidad de campaña formal.
Con Estados Unidos como tercer actor en la mesa, el chavismo también quedó expuesto a la incertidumbre. Las señales de las últimas semanas pueden leerse como el inicio de una transición con calendario claro o como un enroque que cambie a los interlocutores sin tocar lo esencial.
