La salida de Jorge Rodríguez de la lista de sancionados de Estados Unidos no implica el fin de las restricciones punitivas contra otros integrantes del poder político venezolano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro, mantiene en sus registros a figuras vinculadas al chavismo, familiares de Nicolás Maduro y empresas y organizaciones relacionadas con el país.

La decisión, difundida este miércoles, beneficia al dirigente chavista tras haber sido incluido en el registro estadounidense en 2018. Su nombre fue eliminado mediante una actualización de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.

Funcionarios y mandos militares que siguen en la lista

Entre los funcionarios que continúan bajo sanciones figura Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz. También aparece Tarek William Saab, quien dejó la Fiscalía General en febrero de este año. A ellos se suma el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de Agricultura y Tierras, después de haber estado al frente de la cartera de Defensa durante más de una década.

Las restricciones también alcanzan a Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como Nicolasito, además de otros familiares y personas relacionadas con su entorno. La base de datos de la OFAC mantiene, entre otros registros, las designaciones correspondientes a Flores y Maduro Guerra.

Sanciones económicas y grupos armados en la mira

La lista estadounidense incluye asimismo organizaciones que Washington vincula con actividades ilícitas, como el denominado Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, así como la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia. Las designaciones responden a diversos programas de sanciones y no implican necesariamente que todas las personas y entidades estén sujetas a las mismas restricciones.

En el ámbito económico, las medidas estadounidenses también han afectado a empresas y organismos estratégicos venezolanos, entre ellos Petróleos de Venezuela, la aerolínea Conviasa, la minera estatal Minerven y el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, Washington ha emitido licencias que autorizan determinadas operaciones en sectores como el petróleo y la minería. Estas excepciones permiten actividades específicas, pero no equivalen por sí mismas a la eliminación general de las sanciones.