La organización no gubernamental VE sin Filtro advirtió en Caracas que una eventual reforma de la Ley contra el Odio no debería limitarse a retirar sanciones penales, sino que también tendría que desmontar los mecanismos que permiten restringir contenidos y bloquear sitios web en el país.
La censura en el entorno digital
La discusión sobre la normativa volvió al centro del debate público después de que surgieran planteamientos para revisar el texto legal. El debate tomó fuerza cuando se reconoció que la legislación había tenido casos de “mala utilización” y se señaló que un programa oficial estudiaba sus alcances y una posible reforma.
A través de su cuenta en la red social X, la organización defensora de derechos digitales puntualizó que despenalizar conductas no equivale a eliminar la censura. El argumento apunta a los instrumentos previstos en la ley para intervenir sobre expresiones publicadas en la red, ordenar el retiro de contenidos y aplicar restricciones a portales informativos.
Antecedentes y aplicación de la normativa
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia entró en vigor en 2017 contemplando penas de prisión de entre 10 y 20 años para delitos de promoción de la violencia o discriminación. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han señalado históricamente que la legislación se ha empleado para detener a críticos mediante tipos penales redactados de forma amplia.
La postura de VE sin Filtro enfatiza que cualquier modificación legislativa debe garantizar de forma efectiva la libertad de expresión en línea, especialmente en un contexto donde los bloqueos de dominios y páginas web continúan afectando el acceso a la información de los ciudadanos en Venezuela.
