El Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo dictó una sentencia absolutoria a favor de los periodistas Luis López y Gabriel González, quienes recuperan la libertad plena tras más de dos años y tres meses sometidos a procesos judiciales y medidas cautelares, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Cargos y proceso judicial
López y González habían permanecido cerca de 19 meses privados de libertad tras ser detenidos en junio de 2024. Aunque fueron excarcelados el 14 de enero de 2026, continuaron vinculados al proceso judicial bajo medidas cautelares hasta la decisión emitida por el tribunal. A Luis López se le habían imputado los delitos de asociación para delinquir e instigación al odio, mientras que a Gabriel González se le acusó de incitación al odio y asociación para delinquir.
El sindicato de la prensa había mantenido como exigencia central la liberación definitiva de ambos profesionales, denunciando detenciones arbitrarias ante instancias como el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática y en reuniones con la funcionaria Delcy Rodríguez, sin obtener respuestas previas satisfactorias.
Reclamos sobre la legislación restrictiva
Paralelamente a la decisión judicial, el gremio periodístico se pronunció sobre el debate legislativo en curso relacionado con la normativa sancionatoria vigente. El sindicato sostuvo que la eliminación de las penas de prisión contempladas en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia constituiría un avance parcial, pero advirtió que la medida resulta insuficiente si se mantienen sanciones que permiten bloquear portales, retirar contenidos o revocar concesiones a emisoras.
La postura gremial surgió luego de que se planteara una reforma parcial de la legislación aprobada en 2017, la cual ha sido históricamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos. La organización sindical reiteró su exigencia de derogación total de la norma y subrayó que cualquier modificación debe alcanzar tanto las disposiciones penales como los mecanismos administrativos que afectan a los medios de comunicación en el país.
