Rocío San Miguel afirmó que el acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Venezuela abre una oportunidad para impulsar cambios de fondo en la Fuerza Armada Nacional. La abogada y directora de Control Ciudadano sostuvo que el entendimiento puede servir como punto de partida para revisar la doctrina, la profesionalización y la estructura de la institución castrense.

San Miguel explicó que, a su juicio, la cooperación con Washington puede convertirse en un impulso estratégico para reformar la Fuerza Armada, sobre todo en materia de capacitación, equipamiento, operatividad y acceso a nuevas tecnologías. Pero advirtió que ese efecto no se producirá por sí solo si no existe una reforma integral del sector de seguridad y defensa.

El pacto con Washington, según San Miguel, solo abre la puerta

La defensora de derechos humanos planteó que una transición política en Venezuela quedaría incompleta si no incorpora una transformación profunda de la institución militar. En esa línea, señaló que el acuerdo anunciado no basta para producir cambios si no se acompaña de reformas subsiguientes que permitan hacerlos efectivos.

“Una transición en Venezuela sin la reforma del sector de seguridad y defensa es una transición incompleta para el país”, sostuvo.

San Miguel también afirmó que la transformación debe alcanzar la doctrina de empleo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, los principios que orientan su organización y su actuación frente a las amenazas a la seguridad nacional.

La especialista dijo que, durante los últimos 27 años, la institución ha funcionado bajo una doctrina de guerra popular prolongada, con énfasis en la identificación de un enemigo interno. A su juicio, esa visión dejó a la Fuerza Armada desfasada frente a amenazas territoriales y ante la presencia de guerrilla y actores criminales en el país.

Doctrina, derechos humanos y control civil

Para San Miguel, el cambio no debería limitarse a una actualización de equipos o entrenamientos. También pidió revisar el concepto estratégico nacional previsto en la Constitución, a fin de definir cuáles son las amenazas reales que enfrenta Venezuela en materia de integridad territorial y soberanía.

Según su planteamiento, a partir de esa redefinición debería construirse una nueva doctrina de empleo que fije reglas de enfrentamiento, identifique las amenazas a la seguridad nacional y establezca mecanismos de actuación para los efectivos militares.

La abogada añadió que esa reforma tiene que ir en armonía con los derechos humanos y con el derecho internacional humanitario, que regula los medios y métodos de combate en conflictos armados. También insistió en que la profesionalización requiere reformas legales, mejores condiciones de bienestar para los efectivos y mecanismos de control democrático que garanticen que la institución actúe conforme a la ley.

San Miguel sostuvo, además, que la despartidización de la Fuerza Armada es una condición necesaria para que deje de estar al servicio de un proyecto político y se concentre en servir al Estado. En su criterio, el proceso también debe incluir la revisión de los programas académicos, la reforma de la justicia militar y la creación de una comisión técnica que desarrolle un proyecto integral de transformación.

Hegseth anunció entrenamiento, inteligencia y defensa

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el nuevo acuerdo durante su encuentro con Delcy Rodríguez el 18 de noviembre en Caracas. De acuerdo con lo expuesto por el funcionario estadounidense, el entendimiento contempla entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia, equipamiento y capacidades de defensa.

San Miguel valoró ese anuncio como una oportunidad, pero advirtió que también puede diluirse si termina reducido a actividades de cooperación sin un plan más amplio de reforma institucional. Entre los riesgos que mencionó figuran la falta de capacidad técnica, la polarización política sobre el tema militar y la ausencia de una visión compartida sobre las necesidades de la Fuerza Armada.

La abogada también alertó sobre posibles resistencias internas dentro de la propia institución castrense. Sin embargo, consideró que esas objeciones pueden disiparse si existe claridad sobre el proyecto de transformación y sus objetivos.

Hegseth describió el acercamiento como una nueva etapa de cooperación militar y presentó a Venezuela como un socio para la seguridad regional. Delcy Rodríguez, por su parte, calificó el acercamiento como un paso extraordinario y destacó las posibilidades de cooperación para fortalecer la formación de los efectivos, modernizar los equipos y acceder a nuevas tecnologías.

No obstante, los términos completos del convenio y los mecanismos específicos para su ejecución no han sido divulgados públicamente.