San Miguel dice que su absolución refuerza el control civil
La defensora quedó en libertad plena y sostuvo que el fallo confirma el derecho de los civiles a exigir cuentas a la Fuerza Armada. También denunció las condiciones de su reclusión.
Por Keiber Villamizar Ríos··Actualizado hace 37 min
Rocío San Miguel aseguró que el fallo absolutorio dictado a su favor valida la potestad de los civiles para exigir rendición de cuentas a la Fuerza Armada Nacional, luego de haber recuperado su libertad plena la semana pasada.
Un proceso que comenzó con su arresto en febrero de 2024
La activista enfrentó un proceso judicial derivado de su arresto en febrero de 2024 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, bajo señalamientos de vinculación con la supuesta conspiración denominada caso Brazalete Blanco.
En entrevista con El País de España, San Miguel dijo que durante su reclusión en el Helicoide pasó por condiciones críticas, entre ellas una fractura en el hombro sin asistencia médica oportuna durante ocho meses y un aislamiento telefónico de veintidós meses.
“De los dos años presa, estuve sin dolor solo seis meses”, declaró al recordar una caída sufrida en el penal y la demora en recibir atención quirúrgica.
Críticas a las acusaciones y a las condenas en la misma causa
El Ministerio Público formuló inicialmente acusaciones por seis delitos que contemplaban penas de hasta treinta años de presidio. San Miguel denunció que las autoridades judiciales criminalizaron sus investigaciones académicas sobre la supervisión castrense y registros cartográficos de seguridad de acceso público, al punto de considerar sus apuntes personales como indicios de interés criminalístico.
La activista cuestionó la subordinación de la justicia ordinaria frente a las estructuras castrenses y exigió el cierre definitivo de los calabozos gestionados por agencias de inteligencia como la DGCIM. También calificó como “profundamente injustas” las sentencias dictadas contra quince militares procesados en la misma causa, a quienes atribuyó desapariciones temporales, torturas y graves violaciones al debido proceso, con mención de los casos de Ángelo Heredia y Ronald Ferrer.
San Miguel expresó confianza en que los recursos de apelación logren revertir esas condenas y faciliten la excarcelación de los restantes prisioneros políticos. Además, agradeció la intervención del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por sus gestiones dentro de la diplomacia humanitaria para garantizar su tratamiento médico y su posterior salida del país.
