Perkins Rocha denunció que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana mantienen un despliegue en los alrededores del edificio donde vive, lo que le ha impedido recibir a la relatora especial de Naciones Unidas sobre libertad de reunión pacífica y asociación, así como a dos eurodiputados españoles de VOX que intentaron visitarlo.
Un cerco policial le impidió recibir visitas
El abogado y asesor jurídico de Vente Venezuela afirmó en sus redes sociales que el aumento del apostamiento policial busca aislarlo y bloquear su voz ante observadores internacionales. En su mensaje dijo que ya pasó 535 días de reclusión e incomunicación en El Helicoide y que, aun así, no logró ser quebrado.
Rocha sostuvo que ahora pretenden impedirle el contacto con quienes fiscalizan la situación de derechos humanos en Venezuela. También cuestionó qué verdad intentan encubrir con el operativo frente a su residencia.
Su defensa acudió al Palacio de Justicia
Desde que aumentó la vigilancia a mediados de esta semana, su defensor legal, Omar Mora Tosta, acudió al Palacio de Justicia de Caracas. Allí, según relató la defensa, el juez de la causa le informó que no había dictado restricciones para impedir las visitas.
Durante la presencia de los eurodiputados Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías, un funcionario policial les dijo que hablaran con la Cancillería. Horas después, el canciller Oliver Blanco calificó como «fake news» que desde su despacho se hubiera ordenado bloquear las visitas al abogado.
Rocha, además, aseguró que permanece con un grillete electrónico desde que fue excarcelado el pasado 8 de febrero. La situación se produjo mientras aumentaba la presión frente a su vivienda y se mantenía sin explicación pública el motivo del refuerzo policial.
Las reacciones políticas se multiplicaron
Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la Asamblea Naciona de 2015 que dialoga con el chavismo, dijo que condenaba la medida y pidió respeto y libertad para Rocha y para los presos políticos. Después reiteró su exigencia de cesar las restricciones, aunque el despliegue continuó ante la llegada de los dos políticos españoles.
El caso se produjo en Caracas y dejó una nueva denuncia sobre aislamiento, vigilancia y trabas a la visita de observadores extranjeros en torno a la residencia del abogado.
