La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) rechazó la propuesta de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia planteada desde el sector oficialista, y exigió la anulación inmediata de este instrumento jurídico.
Mediante un comunicado respaldado por la dirigente María Corina Machado, la plataforma política sostuvo que el texto promulgado en 2017 constituyó la columna vertebral de la persecución contra activistas, periodistas y dirigentes sociales, por lo que desestimó cualquier intento de redactar una versión modificada.
Rechazo a los cambios legislativos
La postura opositora surge después de que desde el oficialismo se admitiera un uso abusivo de la legislación en perjuicio de la ciudadanía. Ante esto, la PUD enfatizó que el texto no debe ser reformado sino suprimido por completo.
«Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito. La libertad de expresión y de pensamiento no pueden estar sometidas al temor de sanciones arbitrarias. No se reforma la represión: se desmonta», expresó la alianza.
Acciones parlamentarias y balances judiciales
Por su parte, el Parlamento creó una comisión integrada por 11 diputados para redactar el proyecto de modificación, el cual contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión por delitos de incitación al odio.
El debate sobre la continuidad de la normativa se desarrolla paralelamente a visitas de organismos internacionales como la de Human Rights Watch y en el marco de ciclos recientes de negociación política.
